Número de conexiones y nodos de cuentas de Twitter antes de cerrar las casillas en la elección de 2017 Coahuila.
Ponencia publicada en las memorias del 6to. Congreso Latinoamericano de CienciasSociales con el tema “La obra perdurable de Marx a 200 años de su natalicio”, realizado del 6 al 8 de junio de 2018 en la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mesa de trabajo 20: Dominación y comunicación masiva.
La participación ciudadana en la votación a diputados locales en
Coahuila fue de 40% la más baja desde 1996. Los medios informan el
triunfo del PRI en Coahuila, pero pocos mencionan la baja participación ciudadana, algo preocupante.
La activista de Coahuila, Nelly Herrera anunció hace unos
días que este año no participará como observador electoral ‘por la
parcialidad con la que se maneja el IEPC'.
¡Nooooooo!, casi se escuchó al momento de ver como el nombre de México salía en el Sorteo del Mundial Brasil 2014 y lo colocaban en el Grupo 1 junto a Brasil. “¿A qué vamos?” fue el primer sentimiento que se coló entre nuestros cerebros, “¿por qué no nos tocó el Grupo H, el más fácil?”, y cuando todos estaban casi recogiendo el confeti, alguien gritó “pero tenemos a Oribe Peralta, entonces sí se puede”.
Muy buen texto del maestro. Me hizo recordar a amuchas personas de Coahuila...
Por Carlos Monsiváis
El 16 de febrero de 2010, Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados se jactó con alborozo: “Negociamos con el gobierno federal la aprobación del paquete hacendario —que incluyó un aumento al 16 por ciento del IVA y a 30 del ISR— y tapar el supuesto boquete fiscal de 2009 y 2010, a cambio de evitar una alianza del PAN con el PRD y de asegurar condiciones electorales equitativas”.
Y añadió: “El PRI empujó la negociación para asegurar que la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar y también vimos el interés del país, y coincidimos ambos y así es”. Ante la pregunta de un reportero: “¿No es desleal, sucio, trabajar de esa manera? ¿Poner los intereses políticos sobre las finanzas de un país?”, Rojas Gutiérrez contestó: “No lo veo como usted dice, en el tiempo y en el país hay evidentemente cuestiones que se deben ir resolviendo sobre la marcha y casi todas en paralelo.
Porque así es la vida del país, una circunstancia tras otra, un hecho tras otro”. Si éste no es un estadista, el Estado falló en vano....
Es muy impresionante ver comentarios en Facebook, Twitter y blogs donde los ciudadanos de Torreón o Ciudad Juárez manifiestan su hartazgo contra la delincuencia organizada. Se han creado diversos grupos donde se dice mcuhas veces lo que en medios de comunicación se matiza.
Hay personas que han creado una segunda cuenta de Facebook o Twitter (con otros nombres) para poder participar en estos grupos, dado que es peligroso. Con una doble identidas pueden expresar su molestia a la falta de resultados de las autoridades municipales, estatales y federales. No es mala idea.
José Luis Loera, coordinador del tema de migración de Amnistía Internacional en México.
Por Alejandro Cárdenas López
09 de noviembre del 2009
Saltillo, Coahuila.
Desde el pasado 7 de octubre hasta principios de noviembre del presente año, el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés ha recibido cientos de cartas de organismos nacionales e internacionales por amenazas a defensores de migrantes de la diócesis de Saltillo, coordinada por el obispo Raúl Vera.
La situación no es nueva en el estado.
La historia comenzó raíz del asesinato de una mujer en el centro de Saltillo, perpetrado días antes al parecer en manos de Reyes Gustavo Ardón Alfaro, un hondureño ilegal que trabajaba como pintor, acusado y procesado.
Luego del homicidio en septiembre el 2009 se desencadenó en la ciudad una fuerte campaña local de medios de comunicación, grupos empresariales y políticos contra la diócesis de Saltillo, encabezada por Raúl Vera, y su grupo pastoral responsable de dar ayuda humanitaria a migrantes, responsabilizándolos de albergar a “migrantes asesinos”, según las acusaciones.
Lo anterior derivó en las reacciones a nivel nacional de agrupaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y nacionales, principalmente alertas enviadas a autoridades locales y federales por organismos como Amnistía Internacional, quienes acusaron de una campaña xenofóbica contra migrantes en Coahuila y Saltillo.
Cuando sucedió el asesinato, el equipo de trabajo del albergue Belém Casa del Migrante en esa ciudad, envió un comunicado donde afirman que aunque la sociedad de Saltillo se encuentra sumamente preocupada por este acontecimiento “muchos han manifestado la idea de que todas las personas migrantes son posibles delincuentes y creen que la solución a este suceso es la expulsión de nuestra ciudad de toda la población migrante”.
“Sabemos que existen grupos xenofóbicos y también ciertos comunicadores, no todos, que quieran y están envenenando más a la sociedad, pero que ahora venga de las autoridades que conocen el fenómeno de las migraciones es sorprendente. Las autoridades son las que tienen que velar por la convivencia social”, dice el comunicado enviado el 9 de octubre el cual dio la vuelta al mundo y fue publicada en agencias internacionales como EFE, Univisión y varios rotativos nacionales y del mundo, pero no en los medios de Coahuila.
Antecedentes contra migrantes
Las acusaciones mutuas han llevado a la generación en las últimas semanas de un ambiente ríspido cuyo debate se ha desviado al tema de la criminalización de los extranjeros centroamericanos en la sociedad saltillense, aunque se omite el fondo: los secuestros a migrantes por miembros de la delincuencia organizada con graves acusaciones de ser amparados por las policías Estatal, Municipal y Federal.
Los hechos se dieron en el marco del Cuarto Informe de Resultados del Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el pasado 7 de noviembre. Durante su presentación se dieron a conocer los logros de su administración en diversos rubros, especialmente obra pública y desarrollo social, pero el tema de la seguridad y secuestros a migrantes en la entidad, fue omitido por el mandatario, al igual que en años anteriores.
Según Amnistía Internacional Londres y el equipo de trabajo de la Casa del Migrante, el Gobierno de Coahuila no respondió a las alertas enviadas desde enero del 2008 por amenazas contra miembros de la Diócesis de Saltillo, un año y 10 meses después, hasta la última semana de octubre del 2010.
Sólo recibieron una misiva del Gobierno Federal, la Embajada Mexicana y tuvieron una reunión a puerta cerrada con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Esta reunión fue hasta el cuatro de noviembre del presente año, cinco semanas después del inicio de los ataques y amenazas a migrantes, donde el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal aceptaron apoyar con medidas cautelares en las oficinas de trabajo y en el albergue, para proteger la integridad de los afectados.
Lo anterior lo dio a conocer el Jesús Gerardo López Macías, Delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, quien informó a los medios de comunicación además, que otros de los acuerdos fueron que se le diera agilidad a las denuncias presentadas.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General del Estado, en esa reunión realizada en las oficinas de la misma el dos de noviembre, participaron más de 15 personas, entre ellas autoridades de seguridad pública y políticas federales, estatales y municipales, la cual fue promovida por el Senado de la República.
Estuvieron presentes, personal de Belén, Posada del Migrante, representantes de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles y el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, entre otros.
Lo anterior debido a que las cartas enviadas no sólo al Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, sino al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
Los envíos fueron realizados por el Episcopado Mexicano, Amnistía Internacional, La Comisión Federal Para Prevenir la Discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Hasta ese mismo cuarto de noviembre que se tomó una medida sobre el tema de la instancia de derechos humanos del estado, por lo que el ex alcalde de Saltillo por el PRI, Miguel Arizpe, hoy titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió una recomendación donde pide sancionar a dos miembros de la Policía de Saltillo, donde oficiales maltratan y golpean al hondureño, Carlos Patricio Mejía Díaz.
¿Ley de Dios o ley del hombre?
Durante el mes de octubre y la primera semana de noviembre fueron marcados por una clara confrontación de los poderes el gobierno en turno, partidos políticos y grupos conservadores de Saltillo contra de le Iglesia Católica, donde la defensa de los migrantes se ha vuelto la peor crisis entre la Ley de Dios y la del Hombre y cuyas sedes se materializan entre la Plaza de Armas de Saltillo, un edificio frente a otro: La Catedral y el Palacio de Gobierno.
Según el académico Carlos Valdés, doctor en historia, lo anterior es a causa “la diferencia o los encuentros entre el Obispo de Saltillo (Raúl Vera) y el Gobernador se dieron a partir de lo que sucedió en Pasta de Conchos y el abuso de los soldados en Castaños”, dijo.
Por un lado el poder de la Iglesia y por el otro lado tres poderes con sus escalones: municipal, estatal y federal, “que incumplen muchos de sus deberes, o que cuando menos se avientan la pelota unos a otros; el Gobierno del Estado siempre dice que la Federación es la que esta fallando, y es evidente que está fallando, pero el Gobierno del Estado también falla y (también) los municipios”, explicó el académico, coordinador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Valdés agregó que todo ello se sumó a las denuncias contra migrantes de algunos miembros de la iniciativa privada.
Además de los casos de Pasta de Conchos y un grupo de prostitutas violadas por militares, esta es la tercera vez que Coahuila se ve involucrada en escándalos de derechos humanos a nivel nacional e internacional donde e gobernador y otras autoridades federales, han recibido cartas de organismos internacionales de este tipo, incluidas las dos más recientes por el tema de migración.
Según las denuncias de la Diócesis, el mismo Obispo, Raúl Vera ha sido amenazado y su equipo de trabajo ha sido víctima de agresiones, incluidas amenazas de muerte y otras dirigidas al presbítero Pedro Pantoja Arreola, Asesor General de Belén, Posada del Migrante.
Después del crimen mencionado donde el presunto culpable, Reyes Gustavo Ardón Alfaro, es un migrante, diversos grupos sociales acusaron de desinformar a los medios de comunicación locales, entre ellos dos locutores de la televisora local del Canal 7 de RCG, entre ellos miembros del Episcopado Mexicano donde acusan de desprestigiar abiertamente al personal del albergue y se auspiciaba la violencia, el racismo y la xenofobia.
Lo anterior aunado a una reacción política varios días después donde el Congreso Local aprueba por unanimidad la regulación de casa de migrantes, vía un punto de acuerdo envido por el diputado panista Carlos Orta Canales, donde se pide analizar posibles reformas de la Ley que rige el actuar de los migrante en el país, la Ley General de Población.
Esta polarización que se vivía en Coahuila, significaba un ambiente muy preocupante para Amnistía Internacional (AI) según el coordinador de Casas de Migrantes de esta asociación en México, José Luis Loera.
“El mundo entero esta girando una criminalización de la migración y vemos cómo se van dado manifestaciones de actos basados en la xenofobia y lamentablemente como se manifiesta en la acción urgente, mucho de este está en el papel que han jugado los medios de comunicación, que exacerban la información”, explicó. Por eso decidieron enviar la acción urgente.
El representante de AI aclaró que la labor humanitaria que realizan las casas del migrante se fundamenta en el derecho internacional como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y La Declaración de Defensores de los Derechos Humanos y en la Ley General de Población, en una reforma realizada en el 2008, entre otros.
Pero luego de las acciones urgentes y la oleada de cartas enviadas a las autoridades locales y federales, la única reacción oficial la tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes pidieron a la Policía Federal tomar medidas cautelarías para el equipo de trabajadores de Belén, Posada del Migrante.
Amenazas telefónicas
Según Alberto Xicotencatl, director de la casa, “La PFP nos informó que no tenían la posibilidad de apoyarnos por la falta de personal y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la policía del Estado que nos apoyara”, agregó el directivo de la asociación civil.
Mientras eso sucedía, el equipo de trabajo denunció que durante las última dos semanas de octubre se intensificaron las amenazas telefónicas en sus oficinas administrativas y al celular del presbítero Pedro Pantoja quien ha recibido al menos 60 llamadas intimidatorias que dicen “chingue a su madre, dedíquese a otra cosa”.
“En la última semana de septiembre y la primera de noviembre hemos recibido más de 50 llamadas entre las dos y cinco de la mañana y ponen un pitido constante que emiten los equipos médicos, como simulando cuando una persona fallece, lo cual nos hace suponer que son amenazas de muerte”, comentó Xicotencatl.
Esta situación generó que Amnistía Internacional enviara el pasado 2 de noviembre una segunda acción urgente a los gobiernos locales y federales, debido a las “reiteradas” amenazas y al menos 10 actos de acoso y violencia hacia migrantes y miembros del albergue de Saltillo en los últimos 15 días.
La carta con número de folio 41/057/2009 pide a las autoridades que “lleven a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre el ataque del 25 de octubre contra Belén, Posada del Migrante y sobre las amenazas contra quienes trabajan allí y que adopten sin demora medidas efectivas de protección para garantizar la seguridad de quienes trabajan en Belén, Posada del Migrante”.
“Sobre estos acontecimientos tan dolorosos, nosotros somos consientes que iba a tener consecuencias muy grandes, y que iba a ser algo muy significativo, y de ninguna manera queríamos ningún enfrentamiento contra nadie, sino simplemente, exigir el respeto que se merece esta situación”, dijo el fundador del albergue en saltillo Pedro Pantoja Arreola, quien recibió en abril pasado el premio de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo" en Cuernavaca, por la defensa de los migrantes en el país.
De acuerdo “rosa” ¿a rojo?
“Lo que sucedió fue como aventar una piedra en México y desatar un tsunami en otro lado”, explicó el autor del polémico punto de acuerdo, Carlos Orta Canales, diputado panista por Coahuila, quien fue acusado en parte por organismos nacionales e internacionales como al causante de la campaña de desprestigio contra migrantes.
Entrevistado en su oficina, aclaró que fue “un simple punto de acuerdo”, el cual calificó como “rosa” y en su opinión éste fue “tergiversado y satanizado para captar reflectores de alguna manera como para alimentar el protagonismo, tanto de algunos medios como de algunas personas”, dijo.
En su defensa explica que la causa de realización de la propuesta es porque se recibieron muchas llamadas, comentarios y quejas de la propia ciudadanía sobre el problema de los migrantes en la ciudad, aunque no explica qué personas o qué grupos.
“Encontramos que sí existen lagunas que bien deberían estudiarse en una reforma en donde se regulen las casas del mígrate”, explicó, y agregó que “hay muchas asociaciones que se vienen creando, que quizás no están con todos sus requerimientos legales, pero que engañan a los migrantes y violan sus derechos humanos”.
El diputado y ex regidor de Saltillo por el PAN, explicó que en ningún punto se nombra ninguna casa del migrante en especial, se habla en general que se regule a nivel nacional. También explicó que se le acusó de una iniciativa y fue sólo un punto de acuerdo, y que no es el Congreso Local quien regula y las facultades para ello las tiene la Cámara de Diputados.
Algunas de las frases más señaladas de la exposición de motivos del punto de acuerdo es al hablar de las sanciones para quienes toman en custodia a un extranjero que se encuentra ilegalmente en el país, el texto dice: “generalmente son los líderes o dirigentes de estas casas del migrante quienes solicitan este trámite, y luego, cuando el migrante escapa, piden por todos los medios que no les apliquen las multas y sanciones correspondientes”.
Y agrega: “Estamos ante un doble discurso de parte de quienes dirigen y administran estos centros, primero el reclamo de ‘clemencia y comprensión’, luego el reclamo para que la ley no les sea aplicada por la responsabilidad que aceptaron recibir”.
El texto dice que en las casas de migrantes “pernocta una minoría que se compone de personas con antecedentes penales y/ o de perfil criminal evidente”.
Luego, Orta menciona que en dichas “casas” pueden gozar de “impunidad y tranquilidad” al menos de forma temporal, evitando el asedio de las autoridades y la investigación de sus antecedentes. Y añade: las casas o albergues de migrantes son "instituciones carentes de normatividad que las regule plenamente".
Para José Luis Loera, coordinador del tema de migración de Amnistía Internacional en México y autor de las acciones urgentes, ese punto de acuerdo cuyo lenguaje “es muy preocupante porque está basado en una criminalización de la migración y acusación de los defensores de los migrantes”.
Eso mismo piensa el doctor en historia, Carlos Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, el paso que dio el legislativo hizo “extremar suspicacias” y calificó la aprobación con una clara orientación, en parte ideológica “pero en parte de poder, la Cámara de Diputados de Coahuila, al votar sí tiene connotaciones de orden político e ideológico”.
Valdés da por hecho la relación y el dominio del Congreso Local por parta de funcionarios de Gobierno del Estado. “Es evidente, que aunque digamos esta la iniciativa la propuso un panista, todos los priistas votaron a favor.
"Es clarísimo que el Gobierno del Estado o alguien de importancia, tuvo que haberles aprobado el voto a favor de una iniciativa panista. Tomando en cuenta que el PRI tiene mayoría calificada, agregó que es extraño que “casi siempre están en contra de lo que el PAN propone”, explica Valdés.
Valdés calificó de inaudito que en el Congreso de la Unión se aprueban leyes para apoyar la des criminalización del migrante y aquí lo están criminalizando, “me parece que no midieron las consecuencias".
El doctor graduado en la Universidad de Perpiñan en Francia concluyó que “sí hay algo mucho más allá del mero hecho de hacer una propuesta de tipo legal, esto tiene tintes de todos tipos, incluyendo el uso del poder y un golpe directo al Obispo Raúl Vera y al Padre Pantoja, a través de los migrantes”.
Para Pedro Pantoja Arreola, asesor de la casa del migrante, lo que menos esperaban es que un actor político también “se asociara a esa expresión de condenación” a raíz del asesinato de una mujer en el centro de la ciudad y las denuncias por secuestros a migrantes, se vivía un momento de conflicto social y mediático en torno a la migración.
Entrevistado en las instalaciones del albergue ubicado al sur de la ciudad, al presbítero le sorprende que les pidan cuentas a ellos que realizan una labor humanitaria y más le sorprendió implicar al Instituto Nacional de Migración.
Se ejercitó “una acción de poder, y discernir quién en una casa del migrante es asesino y quién no lo es, y como si fueran el árbitro moral, y no tienen derecho porque somos una asociación civil bien establecida”, denunció.
Para él, la reacción de la gente contra los migrantes y contra su albergue implicó en su opinión "acciones manipuladas de agresión”. Y se dieron hechos que nunca habían sucedido, “un grupo de migrantes es perseguido, siempre hay bandas, pandilleros o delincuentes.
Pero no una acción criminalizadora llamándolos, ‘hondureños asesinos’.
Dijo que acudieron personas a gritarles a los migrantes que son asesinos, a aventarles piedras y quebrar vidrios de la institución.
Seguridad y secuestros a migrantes, el tema de fondo
Amnistía Internacional se ha dedicado principalmente al seguimiento y defensa de derechos humanos de refugiados en el mundo, pero tuvieron que involucrarse en el tema de la migración, debido a las precarias condiciones de seguridad y los abusos.
“La importancia que tiene para Amnistía el tema de los migrantes cada vez es mayor relevancia, aunque tenía como misión el apoyo a refugiados es a partir de unos años que se involucra, los derechos de los migrantes”, dijo el responsable del tema de migración de AI, entrevistado en sus oficinas en la Ciudad de México.
Tan relevante es el tema, agregó, que su informe de los Derechos Humanos en el 2009 sobre México, tendrá como tema la migración, “en el caso particular de frontera sur y violencia contra mujeres migrantes.
Las causas del interés tienen que ver con el recrudecimiento de la violencia en el país. “La ayuda humanitaria es algo que no solamente está dentro de la Ley, sino que es algo cada vez más importante, dado que los recorridos y las condiciones en las que tienen que atravesar las personas que recorren el territorio son cada vez más peligrosas y riesgosas”, agregó Loera.
Las denuncias de AI van en el mismo tenor de la Cámara de Senadores que está por aprobar una Ley General para combatir el secuestro, donde se garantizará a los migrantes poder realizar una denuncia sin ser deportados y seguir un proceso legal con protección y ayuda humanitaria.
Las estadísticas más recientes indican que en los últimos seis meses se registraron 9 mil 758 secuestros de migrantes en México, según informó el pasado cuatro de noviembre Francisco Herrera León, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado de la República quien dijo que “es urgente garantizar la libertad de las personas, cualquiera que sea su estatus migratorio en nuestro país”, agregó.
En el mismo tenor hace varios años el equipo de Belén, Posada del Migrante, a través de su figura legal, la organización civil Frontera Con Justicia, ha venido denunciando el secuestro a migrantes por miembros de la delincuencia organizada y Pantoja Arreola se ha convertido en una voz nacional que denuncia involucramiento de autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales en los ilícitos.
La acusación de Pantoja y la comprobación de los casos en el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, también auspiciado por la Diócesis de Saltillo ha puesto en evidencia las carencias en materia de seguridad y la complicidad de los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno, además que las respuesta de las autoridades políticas y policiales desde hace años que se denuncian los secuestros, “han sido nulas”.
“Yo creo que alguien buscaba que nunca se pusiera freno a las violaciones de los migrantes y que continuara esta experiencia tan dolorosa, porque de alguna manera estaba generando beneficios para alguien en una forma muy maliciosa”, afirmó Pantoja.
Las casas de migrantes tienen 15 años en México, debido al trabajo de la Comisión Episcopal Mexicana. “Nos propusimos que toda la frontera y las ciudades fronterizas tenían que exigiré una presencia doble una casa de migrantes y un centro de derechos humanos”, dijo Pantoja.
“Buscábamos hacer un corredor protector del camino de los migrantes, y veíamos conforme se tenían que multiplicar conforme íbamos a salir al encuentro en el norte y que se tenía que multiplicar al sur, al ‘corredor de terror’. De aquellas primeras 12 casas ahora contamos con 50 y muchas otras experiencias de albergues.
Pantoja explicó que así nacieron las casas que ahora están presentes en Tijuana, Mexicali, Agua Prieta, Nogales, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Matamoros y recientemente, hace varios años en Saltillo.
Lo anterior se enmarca en las declaraciones del Presidente de México, Felipe Calderón el pasado 27 de octubre en Guatemala: "Trabajamos duro, muy duro y muy firme para combatir a los criminales, a la delincuencia organizada que hoy por hoy es la mayor fuente de vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y guatemaltecos", dijo.
Lo que dijo Calderón, a Pantoja le parece que llegan demasiado tarde, “el pronunciamiento es honesto, es estratégico pero es como soltar el grito cuando ya la sangre se ha derramado”, explicó.
Dijo que desde junio del 2007 diversos grupos de defensa de migrantes pidieron acciones al respecto en Declaración Conjunta IX Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica y México.
Pantoja explica que tienen la prueba de la violencia contra los migrantes, “de los asesinatos, de los secuestros y que es un modelo de crueldad social directamente contra las victimas más vulnerables, lo han permitido incluso organismos nacionales de seguridad”.
Pero también las respuestas de los órganos políticos. Por ejemplo, en análisis realizado por este reportero de los temas del Congreso Local relacionados con la migración no se encontró algún punto de cuerdo, exhortación o pronunciamiento de los representantes populares a las denuncias hechas por los defensores de migrantes.
El sistema del portal del Congreso Local donde se informan los asuntos legislativos, ninguna de las tres comisiones relacionadas con el tema (la de Atención a Grupos Vulnerables; y la de Defensa de los Derechos Humanos y la de Migración y Asuntos Fronterizos) ha legislado por la mejora de ese grupo vulnerable en la región.
"Pruebas contundentes" vs respuestas ambiguas
El 17 de septiembre el 2007 la Casa del Migrante de Saltillo divulgó un video a los medios de comunicación donde se muestran los abusos de dos Policías Municipales a un mígrate hondureño, realizados el 14 de junio, y el Centro de Derechos Humanos hizo la denuncia correspondiente.
“Habíamos tocado el marco institucional de seguridad pública, cuando no solamente denunciamos los hechos de violación de la golpiza de un migrante y la poca humanidad con que lo atendieron los Policías Municipales”, explica Pantoja.
Cuando se presentó la denuncia, añade, se desenmascaró una situación que habían estado denunciando desde hace mucho tiempo “por más pruebas que presentábamos ninguna era convincente”, comentó.
Pero 15 días después, a raíz del asesinato de un hondureño en el centro de la ciudad, al parecer la reacción de las autoridades y el aval a los medios de comunicación a desatar una campaña xenofóbica, parecía una especie de venganza hacia los defensores.
Pero ante el video y las acusaciones de secuestro, los diputados de todos los partidos del Congreso Local han omitido el tema del problema de la migración. La única respuesta se dio, aunque cinco meses después, fue de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación con filio 06/2009 al director de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo, Marco Antonio Delgado Talavera, por lo abusos al migrante hondureño, Carlos Patricio Mejía Díaz, el pasado 19 de octubre.
La recomendación pide que se instruya un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes de la Policía Preventiva Municipal, Jaime Abelardo Martínez Alvarado y Eduardo Ortiz Torres por haber vulnerado los derechos humanos del migrante.
Las cartas al Gobernador que omitieron todos
La crisis en materia de migración y la desbocada respuesta internacional que ha desprestigiado la reputación de Coahuila en materia de derechos humanos.
“La acción refiere que a consecuencia del homicidio, el manejo que hacen los medios de comunicación y algunas situaciones que se vivieron de gente que se acercaba a amenazar, atacar verbalmente, incluso con algunos objetos a amedrentar al personal del albergue, así como algunos de los migrantes”, dijo José Luis Loera, de Amnistía Internacional.
Según el académico y doctor en historia Caros Valdés, a nivel nacional ha habido respuestas a esta iniciativa de Coahuila, “verdaderamente duras y violentas y donde los pobres diputaos están un poco apenados, porque se las ha tildado de todo, no sólo de racistas, sino de a incluso de fascistas, porque desde el poder perjudican a un grupo vulnerable, como son los migrantes”.
“La televisión local RCG no estuvo ausente, sino estuvo muy presente pero en contra de los migrantes de alguna manera sumamente agresiva contra ellos, contra el Padre Pantoja y contra el obispo”, agregó Valdés.
Entre los organismos que enviaron cartas al Gobernador de Coahuila y otras autoridades federales fueron asociaciones locales como el Consejo Ciudadano Permnente, y otras nacionales e internacionales como Foro Migraciones, Indymedia, Cencos, la Red Todos los Derechos Para Todos, Indymedia y RadioBemba, entre otros.
El silencio de las autoridades
Esta es la tercera vez que Amnistía Internacional emite una acción urgente al gobernador Moreira, Gobernador del Estado de Coahuila, en menos de dos años. La primera fue queja similar fue recibida el 22 de enero del 2008, debido a los ataques en las oficinas de la Diócesis de Saltillo contra Mariana Villareal Contreras y otros miembros del Centro los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, en diciembre del 2007.
En un análisis de los avances de la investigación de las amenazas a personal del centro Fray Juan de Larios, la entidad responsable fue la Fiscalía General del Estado, y (antes la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila) y según la averiguación previa S-G2-S4-000/008 de la cual hasta la fecha, casi dos años después, aún no se ha determinado un móvil ni siquiera una persona sospechosa.
Pero en México en cuanto a la migración van tres alertas en 2009, “las otras dos van relacionadas con hechos en Chiapas, donde los migrantes han sido baleados y anteriormente también se han estado dando otras acciones urgentes que coinciden también con la de Saltillo”, explicó José Luis Loera, de Amnistía Internacional.
Otra alerta que pasó desapercibida por los medios locales, fue la del pasado 13 de Octubre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, envío el un boletín de prensa 073/2009, su preocupación sobre el clima de xenofobia que se ha vivido en los últimos días en el Estado de Coahuila en contra de la población migrante centroamericana y que podría devenir en actos de violencia, los cuales violan la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La reacción fue a raíz de una denuncia al Conapred del brazo de defensa de migrantes del Episcopado Mexicano, llamada la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de lo cual la instancia federal pidió a las autoridades municipales, estatales y federales que pongan especial atención a esta situación dado que “podría ocasionar rechazo y agresión hacia organizaciones civiles y sociales que brindan asistencia a quienes transitan por nuestro país”.
“El organismo pide a los medios de comunicación que contribuyan a no reproducir conceptos estigmatizantes al realizar sus coberturas noticiosas y por el contrario, que favorezcan el uso de un lenguaje incluyente”, dice el comunicado del Conapred.
La alerta la originó la carta enviada el siete de octubre por el representante de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, con folio 036/09 dirigida a Perla Bustamante Corona, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación afirma: diversos medios de comunicación insisten en relacionar este lamentable hecho (el asesinato) con el trabajo humanitario que realiza el Pbro. Pedro Pantoja Arreola. Estos medios son el noticiero "De primera mano", del locutor Marcos Martínez Soriano, del canal RCG y el "Noticiero Libre", del locutor Antonio Dávila de la Radiodifusora "La Reina" de la estación 100.9 de Frecuencia Modulada”.
En dicha misiva le comenta que hay grupos en Coahuila que están tratando de “vincular injustamente el grave asesinato e intento de homicidio, con el Albergue, Belén Posada del Migrante, que evidentemente no tuvo ninguna relación con estos delitos, busca despertar entre la población sentimientos xenofóbicos, y de odio contra los migrantes, del mismo modo que EE UU está persiguiendo a nuestros migrantes mexicanos”, escribió Romo.
Las denuncias a grupos nacionales e internacionales y se generó el envío de masivas a funcionarios estatales y federales sobre los ataques a los migrantes y los defensores de migrantes, entre ellos al Gobernador, Humberto Moreira Valdés, a los representantes del Congreso Local, al Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y al Presidente de la Comisión Federal de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
El representante de Amnistía Internacional explicó que generalmente las acciones que envían generan cientos de cartas a las autoridades competentes y otros casos que han defendido en México, han llegado a ser más de mil y las autoridades les contestan con documentos escritos o reuniones de trabajo.
Hasta el pasado miércoles 4 de noviembre, mientras a nivel nacional e internacional la denuncias de xenofobia fuero difundida en agencias de noticias y periódicos, a tres semanas después de que se inició esta acción urgente y envío de cartas, el Gobierno del Estado ha guardado silencio y las pocas declaraciones hechas, no han tenido el tono de respuesta enérgica ante un hecho de este tipo.
Es paradójico ver a los funcionarios públicos de todos los niveles de jerárquicos en las esquinas que apoyan al candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo. Sin rubor, sin tapujos, ahí están abanderados, reconocibles, pegan calcomanías y apoyan "a su gallo". Muchos de ellos trabajan en alguna de las 60 oficinas del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.
¿Cómo interpretar el hecho de que el partido en el poder no tenga el menor escrúpulo de enviar a “forziori” a la cargada a sus empleados a las calles a apoyar a un candidato? ¿es legal? Es cierto que la mayoría de las veces se encuentran por las tardes y tal vez fuera de horarios laborales, pero ¿acaso no trabajan algunas dependencias en esos horarios?
Por más que las campañas se amparen en una retórica piadosa y de bienestar para el pueblo, estos actos representan a la fuerza política que domina y controla, vía los poderes ocultos de los que tanto habla el politólogo italiano, Norberto Bobbio: empresarial, económico y el ilegal.
Según el Anuario Estadístico de Coahuila del INEGI en las dependencias del Gobierno del Estado trabajaban en el 2006, nueve mil 275 funcionarios, sin contar Poder Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, ni profesores, que se avizoran como entre 40 y 50 mil. Auqnue sería muy arriesgado decir que todos ellos están en los cruceros, sí representan un porcentaje de voto duro oficialista, aunque es muy dificil estimarlo.
Pero no es propio de Coahuila. A nivel federal tampoco hay rubor ni crítica que el desgastado presidente Felipe Calderón asista a eventos del PAN nacional o que el pomposo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se presenté en eventos públicos del PRD. Pero hay que decirlo: no está bien, ética y moralmente generan mucha confusión en los ciudadanos.
Gobierno y partidos deberían de mantener una sana distancia de sus personalidades que los dirigen, dado que fomentan la partidocracia y dañan a la sana contienda y la democracia. Según el lingüista norteamericano, Noam Chomsky los cultos a la personalidad distraen a la gente de los verdaderos problemas.
En cuanto al final de la carrera por la alcaldía de Saltillo encuentro pocas ideas claras. Los candidatos con más posibilidades de ganar, del PRI, Jerico Abrahamo Masso y del PAN, Oscaro Mohamar Dainitin, no son malos: tienen presencia, buen discurso y trayectorias cortas sin mucha cola que les pisen, pero hay confusión en sus propuestas.
En la elección de julio del 2009, el activista-empresario Alejandro Martí propuso a los candidatos firmar con notario sus propuestas, ¿y en Coahuila quién lo ha hecho? Nadie. En la mayoría de los casos, en materia de seguridad, lo que dicen que van a hacer son ya obligaciones de Ley, ¿pero qué hay de nuevo?
Aquí les recuerdo algunos temas específicos: ¿Se resolverá el problema del transporte ineficiente y falta e mapas en las rutas? (Onésimo Flores ha publicado bastante sobre el tema). ¿Se aplicara, ahora sí, el uso del taxímetro? ¿Se impulsará con el Estado una reforma policial integral? ¿Se mejorarán las condiciones de la cárcel municipal donde varios reos han muerto misteriosamente? ¿Se aplicarán sistemas de rendición de cuentas en la Policía Municipal?
¿Mejorará la vialidad y la aplicación del reglamento de tránsito en cuanto seguridad infantil y uso de alcoholímetro y otras multas? ¿Se realizará un servicio profesional para las contrataciones de funcionarios? ¿Mejorará el ayuntamiento su mala actuación en materia de transparencia y acceso a la información?
Termino con la pregunta que se hacen en los talleres de educación cívica de organizaciones civiles en materia electoral para definir la intención de voto: ¿Antes de decidir, le prestaría dinero a su candidato?
Las fabricas cerradas en Argentina fueron la causa de que se generara un inusitado movimiento de obreros que buscaban mantener su empleo, y algunos lo consiguieron, pero sin jefe.
Como mencioné la semana pasada en la primera parte del texto, el documental “La Toma” de la periodista canadiense que promueve el movimiento antiglobalización, Naomi Klein, retrata “el aguante” de grupos de trabajadores ante los cierres de empresas, la cual se puede ver con subtítulos en español en el sitio de internet http://www.freedocumentaries.org.
Este video, muestra cómo después de la crisis del 2000 en ese país, los obreros comenzaron a tomar las fábricas cerradas y recuperar empleos, algunas de la industria automotriz, pero de muchos otros rubros.
El documental sigue por meses a los trabajadores de la fundidora de autopartes Forja San Martín, donde en el 2002, treinta obreros lograron crear una cooperativa en la fabrica tomada, dado que tuvieron acceso legal ordenado por un juez por malos manejos de la quiebra.
En el documental, cuando los trabajadores de Forja San Martín regresan a la fabrica, que llevaba tres años cerrada, se encontraron faltantes de material que había sido sacado en secreto por los dueños.
Lo interesante es que en la mayoría de los casos se demuestra que muchos negocios podrían haber continuado, pero los dueños preferían cerrar, (sin los debidos procedimientos, sin importar el daño social y económico), e irse a otro lado “más barato”.
Después se contactaron con otra empresa de autopartes también tomada y con ellos intercambian materia prima y pueden elaborar el 80% de las piezas de un tracto camión. Aunque en años subsecuentes estas fábricas siguen funcionando a capacidad mínima o media, y sus sueldos les ayudan sólo a mantenerse, a fin de cuentas para ellos es un empleo y genera productividad.
Otro caso en la capital bonarense es Cerámica Zanon, después e dos años de ser tomada. “Tiene 300 trabajadores y las decisiones se toman en asamblea y todos tienen el mismo salario”, relata e video.
Los dueños la cerraron sin pagar deudas, simplemente se fueron. La empresa les debía tanto a la comunidad y en subsidios púbicos, que “ahora pertenece a todos”, relatan los trabajadores en el video.
Pero no podían parar la producción, debían trabajar las líneas por 24 horas y en guardia, porque la policía podría llegar a sacarlos, pero los colonos ya los habían defendido de diversos intentos de sacarlos. Eso es un robó, “dicen los dueños” quienes fueron entrevistados, pero los trabajadores, reculan: “existe la expropiación”.
Según el documental en el 2002 había 15 mil personas que trabajaban en fábricas ocupadas en Argentina y cada año aumentan el número, aunque en algunos casos ya los han desalojado por la fuerza.
La historia del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas se puede encuentra en el portal: http://www.fabricasrecuperadas.org.ar, ahí se muestra uno de los casos más recientes en la empresa Frigorífico Buenos Aires, que en noviembre del 2008 había cerrado y los directivos se retiraron de la empresa dejando a los trabajadores abandonados y sin respuestas.
Sobre este tema me pregunto: ¿Cuántos casos similares habrá en Coahuila, donde las quiebras son fraudulentas y los dueños sólo se desaparecen sin decir “ni pío” y en veces coludidos con las autoridades los que salen bailando son los obreros? (Blog: informantes.blogspot.com)
“Este es un país globalizado, podría ser cualquier lugar”, dice el inicio del documental donde se muestra cómo los obreros de una fábrica de autopartes, que cerró en Argentina, fue tomada en el 2003 por los trabajadores y formaron una cooperativa.
La renuncia de decenas de funcionarios públicos a sus puestos actuales para contender por las alcaldías de Coahuila, desató más pasiones que el triunfo de la selección mexicana de futbol contra Estados Unidos.
Aunque predominan los movimientos del Gobierno del Estado y el PRI, hay de otros partidos en el “tejemaneje” de este tipo de renuncias, las cuales se han vuelto una forma natural de acomodar los puestos públicos. En las universidades, siguiendo la línea oficial, ya se podrá dar la lección del profesor que repite a sus alumnos: yo chapulineo, tú chapulineas, él chapulinea... No importan las acciones, la credibilidad, el crecimiento del estado, la seguridad, el empleo. Importa mantener el poder.
Esta forma de resolver vacantes tienen repercusiones según las encuestas de credibilidad, donde el tercer factor más importante para determinar la confianza en las instituciones públicas en América Latina es “cumplir sus promesas” por debajo de “ser fiscalizados” y “tratar a todos por igual”, según Latinobarómetro.
Sabemos de una Ley Antichapulin fue presentada por Alianza Cívica desde el 2005 con aval de grupos empresariales, religiosos y académicos, pero fue congelada deliberadamente en la legislatura anterior, aún después de que Horario del Bosque, líder del recinto en aquel entonces, había prometido aprobarla, algo que en otros estados como Baja Califormia, sí se pudo fraguar y se encuentra en debate público en Durango y San Luis Potosí.
En Coahuila, la iniciativa ciudadana se echó a la borda y suena Maquiavélico justificar cualquier medio legal o ilegal por mantener el poder. Al parecer ni la sociedad ni los gobernantes aprendemos de los errores históricos cuando los caudillos desbocados piensan que son la formula única a los problemas del país, sin ver que el avance en la mejora de la sociedad es con apertura entre varios grupos y actores que llevan de la mano un cambio estructural, como hace muchos años Benito Juárez logró estabilizar al país con su idea de “noción de Nación”.
Pero los saltamontes caen más cerca de la famosa frase del historiador inglés Lord John Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El reciente brinco de funcionarios permite entender varios asuntos: En primer lugar, destaca la coordinación para anunciar y realizar tantos movimientos masivos en tan poco tiempo, lo cual deja vacíos internos en los puestos públicos, lo cual retrasa la curva de aprendizaje y la productividad.
Segundo, se exhibe la falta de insumos políticos y humanos para ocupar puestos de elección popular, por lo que echan mano de elementos de confianza y fieles al proyecto, sin importar el perfil de los puestos. Por último, se refuerzan las piezas del ajedrez de un grupo cerrado y falto de confianza hacia otros sectores de poder en el estado.
Nuestros próximos candidatos y precandidatos a alcaldes de Coahuila empiezan con el pie izquierdo. Ellos, si llegan a ganar, no tendrán autoridad moral para quejarse de quienes iniciaron la campaña del voto nulo o de los que no votan.
Estas acciones deliberadas dejan a Maquiavelo a un lado, superan lo que José Vasconcelos llama, degradación y estulticia. Porque la repetición de “Chapulandia” en cada elección deshonra la moral política y a un hecho así, fácilmente se le podría llamar una vorágine política, “cual sordo zumbido de ramajes en la tormenta, percibo la amenaza”, como lo decribe el gran escritor colombiano, Eustaquio Rivera, en su libro “La Vorágine”, donde relata cómo se explotó la goma en ese país y casi acaban con los indígenas.
Tal vez estas ideas suenen rampantes y alevosas, pero cualquier expresión es menor comparada con la tromba de la renuncia de decenas de funcionarios, quienes habían asumido un compromiso con sus votantes, con sus proyectos y servicios, con su puesto, con su tema. El compromiso era con el partido, no con los ciudadanos.
La propuesta de desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública para crear una fiscalía especial, “se queda corta” en comparación con lo que están haciendo otros estados en torno a sus sistemas de justicia.
Y es que a raíz de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, los estados tienen plazos específicos para aprobar esta reforma en sus congresos locales y contar con los mecanismos adecuados para implementarla, con ella vienen, entre otras cosas, los juicios orales y la garantía de inocencia al ciudadano hasta que se demuestre lo contrario. Además se incluye la figura de un “juez de control” que evaluará si el Ministerio Público realizó la investigación adecuadamente y siguió los procedimientos. El objetivo: obligar a las corporaciones a la profesionalización.
En Nuevo León, por ejemplo, a través de la organización internacional Iniciativa Pro-justicia de la Sociedad Abierta, se han venido realizando numerosos foros para promover reformas de avanzada que caminen a la par con la Reforma Constitucional. Chihuahua, Oaxaca y Morelos son también estados ejemplo donde ya se están llevando a cabo los juicios orales y se están armonizando las leyes.
En cambio en Coahuila se discute una iniciativa que contradice la tendencia nacional. A decir de especialistas, la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública requiere de un gran esfuerzo de los estados para su aplicación, ya que de no ser así, se corren riesgos muy altos de que el sistema de justicia se venga abajo.
De acuerdo al Diario de Debates, la discusión en el Congreso Local ha sido nula, ni un solo foro. Además, del total de diputados sólo cuatro han declarado en tribuna sobre el tema, lo cual podría representar falta de interés o desconocimiento.
Por otra parte, Jesús Torres Charles, procurador de Justicia de Coahuila, fue acusado por diputados de oposición y por abogados de Saltillo, de realizar en el interior del estado “foros en lo oscurito” con empresarios, universidades y legistas.
En la mayoría de estos eventos no hubo invitación abierta y no se han entregado las propuestas de los resultados al Congreso Local, y en general la iniciativa no ha sufrido cambios.
Semanario envió esta iniciativa para su estudio a la especialista en seguridad ciudadana, Margarita Castilla Peón, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones civiles más serias del país, especializadas en transparencia, seguridad y justicia. Aquí el análisis contundente junto con la visión de abogados locales. “¿Por qué crear una fiscalía que parece más bien de bajo perfil ante el reto que impone la reforma a nivel nacional?” se pregunta la experta.
La Fiscalía General del Estado podría ser aprobada en el Congreso del Estado esta semana.
“Esta propuesta no abona a las leyes existentes. La concentración y monopolio de las funciones pareciera que no contribuye a que halla equilibrios de poder y transparencia de los recursos, pues expresa se pensaría en que estas propuestas fueran en el sentido de transparentar procedimientos, funciones, cuestiones de relación de poder entre autoridades, pero no propone mecanismos más allá que eso.
“Esta fiscalía está coja de mecanismos de control. Me parece que es una propuesta que busca compensar esas imposiciones que vienen de la federación, me podría parecer una estrategia, sin embargo, si es así, es una estrategia que queda coja en competir, es más bien la necesidad de concentrar poderes, con ese escenario de que en muchos estados ha sido difícil lidiar con la PFP y la ministerial”.
OMNIPOTENCIA
La tendencia a nivel nacional en cuanto a los períodos de dirección en puestos de Seguridad Pública está orientada más bien a reducir los tiempos. Ante la propuesta de que la cabeza de la fiscalía (Jesús Torres Charles) permanezca en su cargo ocho años con opción a extenderse hasta 16 años, de acuerdo al artículo 111, explica:
“Es algo que se lee difícil, afianzar la fortaleza de un funcionario público de esa naturaleza se lee extraño cuando esa continuidad no se procura para otro tipo de puestos.
“El tema de la continuidad es un problema no sólo para seguridad pública sino también para los ayuntamientos, pero ¿porqué no hacerlo así?, pues porque de pronto es como concentrar mucho el poder en una función que no tiene mecanismos de control. Si se concentra le tendría que corresponder un contrapeso importante de rendición de cuentas, los controles que propone la fiscalía en cuanto a confianza, profesionalización, transparencia, insisto, no ponen ningún otro contrapeso con la ciudadanía, no son distintos a los que ya están planteados”.
Francisco Robledo, expresidente del Foro de Abogados de Saltillo, coincide con que el otorgamiento facultativo en la figura del Procurador del Estado cae en un autoritarismo.
“Seria un superman, más fuerte y poderoso que un Gobernador, la misma gente que estaba en la Procuraduría General del Estado comentó que no era conveniente crearla”.
Ahondó que en ese contexto propone crear una Secretaría de Justicia, donde se tengan áreas específicas para atender las funciones que tendría el Fiscal General, ya que el procurador no sólo será representante de la institución del Ministerio Público, sino será también consejero del Gobernador, representante de los menores en los juicios familiares, representante del Estado en sus sesiones, representante en sociedades mercantiles y tiene múltiples facetas que se apartan de su función constitucional.
“El fiscal especial se considera omnipotente, como tiene el poder y aparte la economía y la fuerza del Estado, habrá un momento en el que harán las leyes a su antojo, sin tomar en cuenta a los profesionales en la materia, y menos a la sociedad en general”, así lo declaró en días pasados, Rogelio Guerrero Guzmán del Foro de Abogados.
POCA PROFESIONALIZACIÓN
La especialista explica que respecto a la profesionalización de los cuerpos policíacos, la reforma federal establece un control muy claro que obliga a las entidades a elevar el sistema de justicia: la figura de un juez de control que buscará en todo momento corroborar que los agentes sigan los procedimientos que marca la ley y agoten todas las líneas de investigación.
La iniciativa que se discute en Coahuila no contempla esta figura. Castilla detalla que con esta omisión la Fiscalía no resuelve la cuestión histórica sobre la falta de capacidad de investigación de la Policía Ministerial y pareciera que los esfuerzos se centran en cuestiones institucionales y administrativas.
Cabe señalar que el decreto coahuilense contempla una figura llamada “juez de conocimiento” que se menciona dos ocasiones en el apartado de Ministerio Público y no se detalla su jerarquía ni el método de asignación.
Por otra parte, el abogado saltillense Francisco Robledo, explica que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, realizó un curso en Saltillo con una duración de una semana, que se impartió a los agentes del Ministerio Público del fuero común y federal, y que ahí les dijeron cuáles podían ser los modelos de los juicios orales a implementarse. Se les detalló que debe existir un juez de garantías quien obligaría al Ministerio Público a actuar dentro de las obligaciones que marca la ley.
MÁS FACULTADES A LOS PREVENTIVOS
La propuesta enviada al Congreso Local le da más facultades de investigación a la Policía Preventiva, situación que la experta Margarita Castilla recomienda analizar detenidamente.
“Qué es lo que pasa cuando se le dan las facultades a cuerpos que no están capacitados para ello, se vuelve un poco como un peligro, darle un arma a quien no la sabe usar”.
Explica que el problema en sí no está en las funciones, sino en la capacitación de los cuerpos policíacos, “cómo realmente se van a integrar al nuevo sistema de justicia penal? Porque ahora sí tendrán que armar un expediente con una investigación profesional y tendrán que defenderla”.
Es el peor de los errores que pueda haber, señala Francisco Robledo, ya que dice que la Policía Preventiva no tiene ni la capacidad, ni preparación ni el perfil idóneo para investigar. Y que únicamente son receptores de huellas, indicios y vestigios que la gente les trasmite, mas no tienen ninguna capacitación para ser investigadores.
El decreto que está por aprobarse detalla que la policía será auxiliar del Ministerio Público pero la interrogante de Robledo es: “¿Quién se encargará ahora de las labores de prevención si todas las policías van a dedicarse a investigar?”
“Se están olvidando de quién va a prevenir, se les olvida que la Secretaría de Seguridad Pública era la que debía dar una norma de las acciones de todo el Estado para prevenir, y si no sabían hacerlo menos van a poder investigar”.
FUSIONAR O NO FUSIONAR
Sobre ello la investigadora afirma que la razón por la que deben estar separadas la SSP y la PGJE es porque a una le corresponden labores de prevención y a otra de investigación.
A nivel federal, hubo una propuesta de Vicente Fox en 2004 y otra de Felipe Calderón en 2007, donde también se habló de la unificación de policías, ante ello diputados del país, han señalado después de casi cinco años, que es apresurado unificar las corporaciones policíacas.
Por ejemplo, el Diputado federal del PRI, Gerardo Vargas Landeros, el pasado dos de febrero, dijo a medios nacionales que la fusión es una medida que podría estancar la actividad del combate a la delincuencia organizada y generar mayor descontrol de inseguridad.
“Quieren unificar a la Policía Federal, Policía de Migración y a la Policía de Aduanas que al final de cuentas cumple como parte investigadora y policial. Lo que estamos considerando en el PRI y en la Comisión de Seguridad Pública es que a como lo están proponiendo, es que vaya a ser muy difícil operar, tenemos la experiencia de otros países que no han logrado hacerlo”, precisó.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados sostuvo que uno de los motivos importantes para evitar la fusión de las corporaciones policíacas en el país, es la capacitación especial que recibe cada elemento en el área que le corresponde.
“Se está viendo cómo se van a poder articular esa cooperación entre las corporaciones policíacas, porque es muy diferente la preparación que tiene cada policía, la de la Policía Federal Preventiva o de la Procuraduría General de la República...” explicó Vargas Landeros.
SEGURIDAD VITALICIA
La nueva fiscalía plantea además en el artículo 186 lo siguiente: “El estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos de seguridad pública y procuración de justicia”.
En el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales del pasado 10 de febrero, no se modificó sustancialmente la iniciativa y los panistas se pronuciaron en contra:
“Por qué carajo tenemos que seguir pagando los coahuilenses ad perpetuam la seguridad de quien haya sido Gobernador, que se les esté protegiendo hasta la consumación de los siglos no estoy de acuerdo, es una burla y lo hacen porque tienen mayoría”, expresó Esther Quintana, diputada blanquiazul.
CUATRO cosas que pensar antes de aprobar…
Margarita Castilla Peón hizo tres recomendaciones al Congreso del Estado para reflexionar antes de dar el voto final.
-”La Reforma Constitucional no establece la concentración de poderes como lo hace la Fiscalía, sino promueve la especialización y la profesionalización. La capacitación de estos cuerpos policíacos en una nueva cultura de actuación policial con el principio de inocencia, cuestiones garantistas que no se leen en esta propuesta”.
-”La reforma insiste mucho en procurar el equilibrio en las instancias del poder ejecutivo y esta propuesta más allá de abonar en todo el sistema de justicia lo que hace es reforzar y concentrar el poder”.
-”En la medida en que se busca reforzar, hacer más garantista, abierto al público, transparente, un proceso penal, se busca también cuidar a la ciudadanía que se enfrenta a un proceso y la concentración de estos poderes no cuida esos principios, porque no ofrece mecanismos de control a una instancia que concentrará mucho poder, ¿qué es lo que compensa esta nueva fiscalía que además tendrá un voto preferencial a otras instituciones del gobierno?
-”No se retoma el aprendizaje de cómo se ha ido implementando este tipo de reformas en otros estados”.
Publicado el: 07-Mayo-2008
En estos días nacerá un nuevo orden legal en el Congreso local que nos puede cambiar la vida a usted y su familia: es el proyecto de Ley de Procuración de Justicia del Estado, propuesta por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2007.
Publicado en Vanguardia.com.mx: 25-Marzo-2008
George Orwell, el famoso periodista originario de la India y educado en Gran Bretaña y autor de obras como “1984” y “La Rebelión en la Granja”, afirma que el lenguaje de los políticos es muy aburrido y sumamente incoherente. “En nuestra época, el lenguaje y los escritos políticos son ante todo una defensa de lo indefendible (…) está plagado de eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras”, afirma. Lo anterior lo expone en un ensayo sobre la forma en que se expresan los gobernantes allá en Reino Unido, pero nada diferente de México y Coahuila. Nuestros políticos conversan de temas sin hablar y constantemente rocían barbaridades frente a los micrófonos.
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