Apertura informativa en México: al fin con el mundo
Alejandro Cárdenas López*
Publicado en El Siglo de Torreón el 16 de Julio del 2005 (ver en PDF)
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De 1992 al 2002 más de 26 países aprobaron leyes de Acceso a la Información en el mundo, entre ellos México y hasta el momento son alrededor de 60 países con Leyes Afines, según la asociación civil inglesa Privacy Internacional.
Este nuevo concepto que evoluciona de ser un imperativo moral de gobierno, a una herramienta de regulación de mercado, eficiencia gubernamental y potencial de crecimiento económico-tecnológico.
Actualmente el derecho a la información se inserta en la dinámica mundial y local de las más altas esferas de poder: los que toman las decisiones empiezan a instrumentar legalmente una nueva garantía a las personas y a su pueblo.
Por ejemplo, los frutos de esa apertura mundial son la creación de comisiones de la verdad que descubrieron desapariciones de la dictadura militar Argentina, la guerra sucia en México, o ante casos de genocidio la obligada apertura de los archivos la Rusia de Boris Yeltsin.
En Estados Unidos desde hace casi 40 años la batalla por abrir los archivos del gobierno ha sido crucial: desde la era de Nixon ha exhibido los manuales para asesinar de la CIA, la masacre My lai en Vietnam, y los casos de menores forzados a trabajar en fabricas, entre otros.
La Ley del más débil
Mientras las ideologías en el mundo se desfiguraba políticamente con la primavera de Praga y las protestas sociales de 1968, la naciente sociedad participativa promovía los derechos fundamentales de las personas. Pero no el gobierno.
La realidad histórica y democrática cambiaba países y sociedades completas, pero la dinámica iba más allá de la euforia política y electoral. Como se sabe los derechos fundamentales en el mundo empezaron a tomarse en cuenta después del desazón de la Segunda Guerra Mundial.
Si bien la creación de las Naciones Unidas fue un indicio para garantizar un poco la paz y la democracia, en los 60s y 70s las ideas de género levantaron la falda al mundo; en los 80s y 90s simultáneamente se empezó garantizar e instrumentar la cultura por el respeto a los derechos humanos, la democracia y el cuidado del medio ambiente, entre otras demandas.
Florecía la llamada “revolución verde” en los 70s. El tema del cuidado a la naturaleza se posicionó a nivel internacional en 1972 con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de Naciones Unidas. Su oferta: la protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos.
En México, una regulación más sólida fue promulgada 10 años después en 1982 con la Ley Federal de Protección al Ambiente.
Por su parte, la Declaración Universal por los Derechos Humanos de 1948 inició con un valor moral y político, pero con el tiempo fue tomando fuerza legal y vinculante en el mundo. La fracción segunda del artículo 21 dice: Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
A nivel Latinoamericano la primera expresión legal del tema del derecho a la información fue en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Tres años después en Costa Rica se creó la Convención Americana sobre Derechos Humanos realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se promulgó el famoso “Pacto de San José”, aunque en México fue ratificado 11 años más tarde, hasta 1981.
El artículo 13 del pacto dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Estas faenas legales representan el momento en que se prende la chispa del derecho a la información como derecho fundamental.
Las instituciones de cristal
Se puede decir que desde los 70s se comenzaron a instauraron Leyes de Transparencia en países desarrollados y de primer mundo. En México, tres cuartos del Siglo XX marcaron la base moderna e institucional del país con el partido en el poder, y pasaron décadas para poder garantizar estos derechos fundamentales.
Pero no eran prioridad para los gobiernos en turno, aunque sí relevante para organismos civiles internacionales e instituciones financieras. Por ejemplo, un indicio fue la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor en 1975, aunque fue hasta los 1990s que nacieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral.
El tema del derecho de acceso a la información sorprende por haber alebrestado en menos de cinco años a la caballada de gobernantes de países en desarrollo como México, India o República Dominicana, entre otros.
Desde el 2002 en nuestro país inició la oleada de 24 estados (75% de todo el país) que aprobaron leyes en la materia. De ellos, alrededor de 20 con órgano de acceso o instituto garante.
Es destacable que nuestro país se sumó a tiempo a los temas de vanguardia internacional impulsados desde grupos fuera de la esfera política, formados por académicos, periodistas y algunos funcionarios. Es decir, los gobiernos reaccionan, obligada o voluntariamente, a la dinámica mundial, a los acuerdos internacionales y a las protestas sociales.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información fue aprobada en el 2002 y un año después la Ley de Acceso a la Información Pública en Coahuila. La importancia y el alcance social de estas leyes son comparables con el logro de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia.
Las tendencias se vuelven hábitos. Aún en las campañas políticas locales y nacionales, el tema de la transparencia y rendición de cuentas impregna la agenda de los precandidatos y candidatos. En Coahuila el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información recientemente firmó un acuerdo por la transparencia con los partidos políticos del Estado, un hecho inédito en el país.
La vuelta al mundo en 60 leyes
Como derecho fundamental la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila está suscrita a normas internacionales, porque permite solicitar información a “las personas”, es decir: niños, jóvenes, adultos o extranjeros.
En México entre el 2002 al 2005 más de 10 estados aprobaron leyes de transparencia y hoy prácticamente todos elaboran iniciativas de Ley. De la frontera, Nuevo León, Coahuila y recientemente Sonora cuentan con Ley; en Chihuahua está por aprobarse.
En América del Norte hoy los tres países garantizan el derecho de acceso a la información, y en la mayoría de Centroamérica dominan las iniciativas de Ley. En Sudamérica también Ecuador, Colombia y Perú ya se abren a la inspección pública. El resto de los países del sur hace esfuerzos por promulgarlas.
Casi toda la desarrollada Europa cuenta con Leyes de Transparencia, pero no en los continentes pobres. En la golpeada África sólo dos países, Angola y Sudáfrica, garantizan ese derecho a los ciudadanos y hay pocas iniciativas. En Asia recién se aprobaron regulaciones en países como India, Pakistán y Tailandia.
Más allá de la transparencia
Hoy eventos de relevancia mundial como el Foro Económico de Davos de 1999, que mostraron un descontento social por las políticas económicas de los países de primer mundo, el llamado neoliberalismo contemporáneo.
Del mismo modo, otras señales altermundistas como el Foro Social Mundial iniciado en el 2001 en Sao Paulo, y sus múltiples réplicas en todos los continentes, reflejan una opinión pública activa, vertical y crítica que rompe con la horizontalidad de los gobiernos.
Por ejemplo, el pasado 30 de Enero varios intelectuales firmaron el Manifiesto de Porto Alegre 2005, donde en el punto 11 establece que es fundamental garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos con legislaciones que:
“Pongan fin a la concentración de medios en grupos de comunicación gigantes; garanticen la autonomía de los periodistas ante los accionistas y; favorecer a la prensa sin fines de lucro, en particular a los medios alternativos y comunitarios”.
Sus propuestas ven a largo plazo, porque una vez garantizadas las leyes (y su constante reforma), debaten la forma en que se promueve, interpreta y se difunde el derecho a la información: en pocas palabras la cultura de transparencia.
Las instituciones públicas sí se equivocan, lo importante es la capacidad de mejorar la calidad y el servicio, y de parte de la sociedad civil la permanencia ciudadana para puntualizar y rendir cuentas sobre esas fallas. Las herramientas legales siempre serán un soporte para la persistencia de la memoria.
*Alejandro Cárdenas López es director general del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública(ICAI). La información contenida en este texto es a título personal y no refleja una postura institucional del ICAI
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