Secuestros a migrantes: “pecado de omisión” en Coahuila

 José Luis Loera, coordinador del tema de migración de Amnistía Internacional en México.

Por Alejandro Cárdenas López
09 de noviembre del 2009
Saltillo, Coahuila.

Desde el pasado 7 de octubre hasta principios de noviembre del presente año, el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés ha recibido cientos de cartas de organismos nacionales e internacionales por amenazas a defensores de migrantes de la diócesis de Saltillo, coordinada por el obispo Raúl Vera.

La situación no es nueva en el estado. 

La historia comenzó raíz del asesinato de una mujer en el centro de Saltillo, perpetrado días antes al parecer en manos de Reyes Gustavo Ardón Alfaro, un hondureño ilegal que trabajaba como pintor, acusado y procesado.

Luego del homicidio en septiembre el 2009 se desencadenó en la ciudad una fuerte campaña local de medios de comunicación, grupos empresariales y políticos contra la diócesis de Saltillo, encabezada por Raúl Vera, y su grupo pastoral responsable de dar ayuda humanitaria a migrantes, responsabilizándolos de albergar a “migrantes asesinos”, según las acusaciones.

Lo anterior derivó en las reacciones a nivel nacional de agrupaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y nacionales, principalmente alertas enviadas a autoridades locales y federales por organismos como Amnistía Internacional, quienes acusaron de una campaña xenofóbica contra migrantes en Coahuila y Saltillo.

Cuando sucedió el asesinato, el equipo de trabajo del albergue Belém Casa del Migrante en esa ciudad, envió un comunicado donde afirman que aunque la sociedad de Saltillo se encuentra sumamente preocupada por este acontecimiento “muchos han manifestado la idea de que todas las personas migrantes son posibles delincuentes y creen que la solución a este suceso es la expulsión de nuestra ciudad de toda la población migrante”.

“Sabemos que existen grupos xenofóbicos y también ciertos comunicadores, no todos, que quieran y están envenenando más a la sociedad, pero que ahora venga de las autoridades que conocen el fenómeno de las migraciones es sorprendente. Las autoridades son las que tienen que velar por la convivencia social”, dice el comunicado enviado el 9 de octubre el cual dio la vuelta al mundo y fue publicada en agencias internacionales como EFE, Univisión y varios rotativos nacionales y del mundo, pero no en los medios de Coahuila.

Antecedentes contra migrantes

Las acusaciones mutuas han llevado a la generación en las últimas semanas de un ambiente ríspido cuyo debate se ha desviado al tema de la criminalización de los extranjeros centroamericanos en la sociedad saltillense, aunque se omite el fondo: los secuestros a migrantes por miembros de la delincuencia organizada con graves acusaciones de ser amparados por las policías Estatal, Municipal y Federal.

Los hechos se dieron en el marco del Cuarto Informe de Resultados del Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el pasado 7 de noviembre. Durante su presentación se dieron a conocer los logros de su administración en diversos rubros, especialmente obra pública y desarrollo social, pero el tema de la seguridad y secuestros a migrantes en la entidad, fue omitido por el mandatario, al igual que en años anteriores.

Según Amnistía Internacional Londres y el equipo de trabajo de la Casa del Migrante, el Gobierno de Coahuila no respondió a las alertas enviadas desde enero del 2008 por amenazas contra miembros de la Diócesis de Saltillo, un año y 10 meses después, hasta la última semana de octubre del 2010. 

Sólo recibieron una misiva del Gobierno Federal, la Embajada Mexicana y tuvieron una reunión a puerta cerrada con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta reunión fue hasta el cuatro de noviembre del presente año, cinco semanas después del inicio de los ataques y amenazas a migrantes, donde el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal aceptaron apoyar con medidas cautelares en las oficinas de trabajo y en el albergue, para proteger la integridad de los afectados.

Lo anterior lo dio a conocer el Jesús Gerardo López Macías, Delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, quien informó a los medios de comunicación además, que otros de los acuerdos fueron que se le diera agilidad a las denuncias presentadas.

De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General del Estado, en esa reunión realizada en las oficinas de la misma el dos de noviembre, participaron más de 15 personas, entre ellas autoridades de seguridad pública y políticas federales, estatales y municipales, la cual fue promovida por el Senado de la República.

Estuvieron presentes, personal de Belén, Posada del Migrante, representantes de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles y el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, entre otros.

Lo anterior debido a que las cartas enviadas no sólo al Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, sino al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. 

Los envíos fueron realizados por el Episcopado Mexicano, Amnistía Internacional, La Comisión Federal Para Prevenir la Discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Hasta ese mismo cuarto de noviembre que se tomó una medida sobre el tema de la instancia de derechos humanos del estado, por lo que el ex alcalde de Saltillo por el PRI, Miguel Arizpe, hoy titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió una recomendación donde pide sancionar a dos miembros de la Policía de Saltillo, donde oficiales maltratan y golpean al hondureño, Carlos Patricio Mejía Díaz.

¿Ley de Dios o ley del hombre?

Durante el mes de octubre y la primera semana de noviembre fueron marcados por una clara confrontación de los poderes el gobierno en turno, partidos políticos y grupos conservadores de Saltillo contra de le Iglesia Católica, donde la defensa de los migrantes se ha vuelto la peor crisis entre la Ley de Dios y la del Hombre y cuyas sedes se materializan entre la Plaza de Armas de Saltillo, un edificio frente a otro: La Catedral y el Palacio de Gobierno.

Según el académico Carlos Valdés, doctor en historia, lo anterior es a causa “la diferencia o los encuentros entre el Obispo de Saltillo (Raúl Vera) y el Gobernador se dieron a partir de lo que sucedió en Pasta de Conchos y el abuso de los soldados en Castaños”, dijo.

Por un lado el poder de la Iglesia y por el otro lado tres poderes con sus escalones: municipal, estatal y federal, “que incumplen muchos de sus deberes, o que cuando menos se avientan la pelota unos a otros; el Gobierno del Estado siempre dice que la Federación es la que esta fallando, y es evidente que está fallando, pero el Gobierno del Estado también falla y (también) los municipios”, explicó el académico, coordinador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Valdés agregó que todo ello se sumó a las denuncias contra migrantes de algunos miembros de la iniciativa privada.

Además de los casos de Pasta de Conchos y un grupo de prostitutas violadas por militares, esta es la tercera vez que Coahuila se ve involucrada en escándalos de derechos humanos a nivel nacional e internacional donde e gobernador y otras autoridades federales, han recibido cartas de organismos internacionales de este tipo, incluidas las dos más recientes por el tema de migración.

Según las denuncias de la Diócesis, el mismo Obispo, Raúl Vera ha sido amenazado y su equipo de trabajo ha sido víctima de agresiones, incluidas amenazas de muerte y otras dirigidas al presbítero Pedro Pantoja Arreola, Asesor General de Belén, Posada del Migrante.

Después del crimen mencionado donde el presunto culpable, Reyes Gustavo Ardón Alfaro, es un migrante, diversos grupos sociales acusaron de desinformar a los medios de comunicación locales, entre ellos dos locutores de la televisora local del Canal 7 de RCG, entre ellos miembros del Episcopado Mexicano donde acusan de desprestigiar abiertamente al personal del albergue y se auspiciaba la violencia, el racismo y la xenofobia.

Lo anterior aunado a una reacción política varios días después donde el Congreso Local aprueba por unanimidad la regulación de casa de migrantes, vía un punto de acuerdo envido por el diputado panista Carlos Orta Canales, donde se pide analizar posibles reformas de la Ley que rige el actuar de los migrante en el país, la Ley General de Población.

Esta polarización que se vivía en Coahuila, significaba un ambiente muy preocupante para Amnistía Internacional (AI) según el coordinador de Casas de Migrantes de esta asociación en México, José Luis Loera. 

“El mundo entero esta girando una criminalización de la migración y vemos cómo se van dado manifestaciones de actos basados en la xenofobia y lamentablemente como se manifiesta en la acción urgente, mucho de este está en el papel que han jugado los medios de comunicación, que exacerban la información”, explicó. Por eso decidieron enviar la acción urgente.

El representante de AI aclaró que la labor humanitaria que realizan las casas del migrante se fundamenta en el derecho internacional como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y La Declaración de Defensores de los Derechos Humanos y en la Ley General de Población, en una reforma realizada en el 2008, entre otros.

Pero luego de las acciones urgentes y la oleada de cartas enviadas a las autoridades locales y federales, la única reacción oficial la tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes pidieron a la Policía Federal tomar medidas cautelarías para el equipo de trabajadores de Belén, Posada del Migrante.

Amenazas telefónicas

Según Alberto Xicotencatl, director de la casa, “La PFP nos informó que no tenían la posibilidad de apoyarnos por la falta de personal y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la policía del Estado que nos apoyara”, agregó el directivo de la asociación civil.

Mientras eso sucedía, el equipo de trabajo denunció que durante las última dos semanas de octubre se intensificaron las amenazas telefónicas en sus oficinas administrativas y al celular del presbítero Pedro Pantoja quien ha recibido al menos 60 llamadas intimidatorias que dicen “chingue a su madre, dedíquese a otra cosa”.

“En la última semana de septiembre y la primera de noviembre hemos recibido más de 50 llamadas entre las dos y cinco de la mañana y ponen un pitido constante que emiten los equipos médicos, como simulando cuando una persona fallece, lo cual nos hace suponer que son amenazas de muerte”, comentó Xicotencatl.

Esta situación generó que Amnistía Internacional enviara el pasado 2 de noviembre una segunda acción urgente a los gobiernos locales y federales, debido a las “reiteradas” amenazas y al menos 10 actos de acoso y violencia hacia migrantes y miembros del albergue de Saltillo en los últimos 15 días.

La carta con número de folio 41/057/2009 pide a las autoridades que “lleven a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre el ataque del 25 de octubre contra Belén, Posada del Migrante y sobre las amenazas contra quienes trabajan allí y que adopten sin demora medidas efectivas de protección para garantizar la seguridad de quienes trabajan en Belén, Posada del Migrante”.

“Sobre estos acontecimientos tan dolorosos, nosotros somos consientes que iba a tener consecuencias muy grandes, y que iba a ser algo muy significativo, y de ninguna manera queríamos ningún enfrentamiento contra nadie, sino simplemente, exigir el respeto que se merece esta situación”, dijo el fundador del albergue en saltillo Pedro Pantoja Arreola, quien  recibió en abril pasado el premio de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo" en Cuernavaca, por la defensa de los migrantes en el país.

De acuerdo “rosa” ¿a rojo?

“Lo que sucedió fue como aventar una piedra en México y desatar un tsunami en otro lado”, explicó el autor del polémico punto de acuerdo, Carlos Orta Canales, diputado panista por Coahuila, quien fue acusado en parte por organismos nacionales e internacionales como al causante de la campaña de desprestigio contra migrantes.

Entrevistado en su oficina, aclaró que fue “un simple punto de acuerdo”, el cual calificó como “rosa” y en su opinión éste fue “tergiversado y satanizado para captar reflectores de alguna manera como para alimentar el protagonismo, tanto de algunos medios como de algunas personas”, dijo.

En su defensa explica que la causa de realización de la propuesta es porque se recibieron muchas llamadas, comentarios y quejas de la propia ciudadanía sobre el problema de los migrantes en la ciudad, aunque no explica qué personas o qué grupos.

“Encontramos que sí existen lagunas que bien deberían estudiarse en una reforma en donde se regulen las casas del mígrate”, explicó, y agregó que “hay muchas asociaciones que se vienen creando, que quizás no están con todos sus requerimientos legales, pero que engañan a los migrantes y violan sus derechos humanos”.

El diputado y ex regidor de Saltillo por el PAN, explicó que en ningún punto se nombra ninguna casa del migrante en especial, se habla en general que se regule a nivel nacional. También explicó que se le acusó de una iniciativa y fue sólo un punto de acuerdo, y que no es el Congreso Local quien regula y las facultades para ello las tiene la Cámara de Diputados.

Algunas de las frases más señaladas de la exposición de motivos del punto de acuerdo es al hablar de las sanciones para quienes toman en custodia a un extranjero que se encuentra ilegalmente en el país, el texto dice: “generalmente son los líderes o dirigentes de estas casas del migrante quienes solicitan este trámite, y luego, cuando el migrante escapa, piden por todos los medios que no les apliquen las multas y sanciones correspondientes”.

Y agrega: “Estamos ante un doble discurso de parte de quienes dirigen y administran estos centros, primero el reclamo de ‘clemencia y comprensión’, luego el reclamo para que la ley no les sea aplicada por la responsabilidad que aceptaron recibir”. 

El texto dice que en las casas de migrantes “pernocta una minoría que se compone de personas con antecedentes penales y/ o de perfil criminal evidente”.

Luego, Orta menciona que en dichas “casas” pueden gozar de “impunidad y tranquilidad” al menos de forma temporal, evitando el asedio de las autoridades y la investigación de sus antecedentes. Y añade: las casas o albergues de migrantes son "instituciones carentes de normatividad que las regule plenamente".

Para José Luis Loera, coordinador del tema de migración de Amnistía Internacional en México y autor de las acciones urgentes, ese punto de acuerdo cuyo lenguaje “es muy preocupante porque está basado en una criminalización de la migración y acusación de los defensores de los migrantes”.

Eso mismo piensa el doctor en historia, Carlos Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, el paso que dio el legislativo hizo “extremar suspicacias” y calificó la aprobación  con una clara orientación, en parte ideológica “pero en parte de poder, la Cámara de Diputados de Coahuila, al votar sí tiene connotaciones de orden político e ideológico”.

Valdés da por hecho la relación y el dominio del Congreso Local por parta de funcionarios de Gobierno del Estado. “Es evidente, que aunque digamos esta la iniciativa la propuso un panista, todos los priistas votaron a favor. 

"Es clarísimo que el Gobierno del Estado o alguien de importancia, tuvo que haberles aprobado el voto a favor de una iniciativa panista. Tomando en cuenta que el PRI tiene mayoría calificada, agregó que es extraño que “casi siempre están en contra de lo que el PAN propone”, explica Valdés.

Valdés calificó de inaudito que en el Congreso de la Unión se aprueban leyes para apoyar la des criminalización del migrante y aquí lo están criminalizando, “me parece que no midieron las consecuencias".

El doctor graduado en la Universidad de Perpiñan en Francia concluyó que “sí hay algo mucho más allá del mero hecho de hacer una propuesta de tipo legal, esto tiene tintes de todos tipos, incluyendo el uso del poder y un golpe directo al Obispo Raúl Vera y al Padre Pantoja, a través de los migrantes”.

Para Pedro Pantoja Arreola, asesor de la casa del migrante, lo que menos esperaban es que un actor político también “se asociara a esa expresión de condenación” a raíz del asesinato de una mujer en el centro de la ciudad y las denuncias por secuestros a migrantes, se vivía un momento de conflicto social y mediático en torno a la migración.

Entrevistado en las instalaciones del albergue ubicado al sur de la ciudad, al presbítero le sorprende que les pidan cuentas a ellos que realizan una labor humanitaria y más le sorprendió implicar al Instituto Nacional de Migración.

Se ejercitó “una acción de poder, y discernir quién en una casa del migrante es asesino y quién no lo es, y como si fueran el árbitro moral, y no tienen derecho porque somos una asociación civil bien establecida”, denunció.

Para él, la reacción de la gente contra los migrantes y contra su albergue implicó en su opinión "acciones manipuladas de agresión”. Y se dieron hechos que nunca habían sucedido, “un grupo de migrantes es perseguido, siempre hay bandas, pandilleros o delincuentes.  

Pero no una acción criminalizadora llamándolos, ‘hondureños asesinos’.

Dijo que acudieron personas a gritarles  a los migrantes que son asesinos, a aventarles piedras y quebrar vidrios de la institución.

Seguridad y secuestros a migrantes, el tema de fondo

Amnistía Internacional se ha dedicado principalmente al seguimiento y defensa de derechos humanos de refugiados en el mundo, pero tuvieron que involucrarse en el tema de la migración, debido a las precarias condiciones de seguridad  y los abusos.

“La importancia que tiene para Amnistía el tema de los migrantes cada vez es mayor relevancia, aunque tenía como misión el apoyo a refugiados es a partir de unos años que se involucra, los derechos de los migrantes”, dijo el responsable del tema de migración de AI, entrevistado en sus oficinas en la Ciudad de México.

Tan relevante es el tema, agregó, que su informe de los Derechos Humanos en el 2009 sobre México, tendrá como tema la migración, “en el caso particular de frontera sur y violencia contra mujeres migrantes.

Las causas del interés tienen que ver con el recrudecimiento de la violencia en el país. “La ayuda humanitaria es algo que no solamente está dentro de la Ley, sino que es algo cada vez más importante, dado que los recorridos y las condiciones en las que tienen que atravesar las personas que recorren el territorio son cada vez más peligrosas y riesgosas”, agregó Loera.

Las denuncias de AI van en el mismo tenor de la Cámara de Senadores que está por aprobar una Ley General para combatir el secuestro, donde se garantizará a los migrantes poder realizar una denuncia sin ser deportados y seguir un proceso legal con protección y ayuda humanitaria.

Las estadísticas más recientes indican que en los últimos seis meses se registraron 9 mil 758 secuestros de migrantes en México, según informó el pasado cuatro de noviembre Francisco Herrera León, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado de la República quien dijo que “es urgente garantizar la libertad de las personas, cualquiera que sea su estatus migratorio en nuestro país”, agregó.

En el mismo tenor hace varios años el equipo de Belén, Posada del Migrante, a través de su figura legal, la organización civil Frontera Con Justicia, ha venido denunciando el secuestro a migrantes por miembros de la delincuencia organizada y Pantoja Arreola se ha convertido en una voz nacional que denuncia involucramiento de autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales en los ilícitos. 

La acusación de Pantoja y la comprobación de los casos en el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, también auspiciado por la Diócesis de Saltillo ha puesto en evidencia las carencias en materia de seguridad y la complicidad de los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno, además que las respuesta de las autoridades políticas y policiales desde hace años que se denuncian los secuestros, “han sido nulas”.

“Yo creo que alguien buscaba que nunca se pusiera freno a las violaciones de los migrantes y que continuara esta experiencia tan dolorosa, porque de alguna manera estaba generando beneficios para alguien en una forma muy maliciosa”, afirmó Pantoja.

Las casas de migrantes tienen 15 años en México, debido al trabajo de la Comisión Episcopal Mexicana. “Nos propusimos que toda la frontera y las ciudades fronterizas tenían que exigiré una presencia doble una casa de migrantes y un centro de derechos humanos”, dijo Pantoja.

“Buscábamos hacer un corredor protector del camino de los migrantes, y veíamos conforme se tenían que multiplicar conforme íbamos a salir al encuentro en el norte y que se tenía que multiplicar al sur, al ‘corredor de terror’. De aquellas primeras 12 casas ahora contamos con 50 y muchas otras experiencias de albergues.

Pantoja explicó que así nacieron las casas que ahora están presentes en Tijuana, Mexicali, Agua Prieta, Nogales, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Piedras Negras, Ciudad Acuña,  Nuevo Laredo, Matamoros y recientemente, hace varios años en Saltillo.

Lo anterior se enmarca en las declaraciones del Presidente de México, Felipe Calderón el pasado 27 de octubre en Guatemala:  "Trabajamos duro, muy duro y muy firme para combatir a los criminales, a la delincuencia organizada que hoy por hoy es la mayor fuente de vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y guatemaltecos", dijo.

Lo que dijo Calderón, a Pantoja le parece que llegan demasiado tarde, “el pronunciamiento es honesto, es estratégico pero es como soltar el grito cuando ya la sangre se ha derramado”, explicó.

Dijo que desde junio del 2007 diversos grupos de defensa de migrantes pidieron acciones al respecto en Declaración Conjunta IX Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica y México.

Pantoja explica que tienen la prueba de la violencia contra los migrantes, “de los asesinatos, de los secuestros y que es un modelo de crueldad social directamente contra las victimas más vulnerables, lo han permitido incluso organismos nacionales de seguridad”.

Pero también las respuestas de los órganos  políticos. Por ejemplo, en análisis realizado por este reportero de los temas del Congreso Local relacionados con la migración no se encontró algún punto de cuerdo, exhortación  o pronunciamiento de los representantes populares a las denuncias hechas por los defensores de migrantes.

El sistema del portal del Congreso Local donde se informan los asuntos legislativos, ninguna de las tres comisiones relacionadas con el tema (la de Atención a Grupos Vulnerables; y la de Defensa de los Derechos Humanos y la de Migración y Asuntos Fronterizos) ha legislado por la mejora de ese grupo vulnerable en la región.

"Pruebas contundentes" vs respuestas ambiguas

El 17 de septiembre el 2007 la Casa del Migrante de Saltillo divulgó un video a los medios de comunicación donde se muestran los abusos de dos Policías Municipales a un mígrate hondureño, realizados el 14 de junio, y el Centro de Derechos Humanos hizo la denuncia correspondiente. 

“Habíamos tocado el marco institucional de seguridad pública, cuando no solamente denunciamos los hechos de violación de la golpiza de un migrante y la poca humanidad con que lo atendieron los Policías Municipales”, explica Pantoja.

Cuando se presentó la denuncia, añade, se desenmascaró una situación que habían estado denunciando desde hace mucho tiempo “por más pruebas que presentábamos ninguna era convincente”, comentó.

Pero 15 días después, a raíz del asesinato de un hondureño en el centro de la ciudad, al parecer la reacción de las autoridades y el aval a los medios de comunicación a desatar una campaña xenofóbica, parecía una especie de venganza hacia los defensores. 

Pero ante el video y las acusaciones de secuestro, los diputados de todos los partidos del Congreso Local han omitido el tema del problema de la migración. La única respuesta se dio, aunque cinco meses después, fue de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación con filio 06/2009 al director de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo, Marco Antonio Delgado Talavera, por lo abusos al migrante hondureño, Carlos Patricio Mejía Díaz, el pasado 19 de octubre.

La recomendación pide que se instruya un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes de la Policía Preventiva Municipal, Jaime Abelardo Martínez Alvarado y Eduardo Ortiz Torres por haber vulnerado los derechos humanos del migrante.

Las cartas al Gobernador que omitieron todos

La crisis en materia de migración y la desbocada respuesta internacional que ha desprestigiado la reputación de Coahuila en materia de derechos humanos.

“La acción refiere que a consecuencia del homicidio, el manejo que hacen los medios de comunicación y algunas situaciones que se vivieron de gente que se acercaba a amenazar, atacar verbalmente, incluso con algunos objetos a amedrentar al personal del albergue, así como algunos de los migrantes”, dijo José Luis Loera, de Amnistía Internacional.

Según el académico y doctor en historia Caros Valdés, a nivel nacional ha habido respuestas a esta iniciativa de Coahuila, “verdaderamente duras y violentas y donde los pobres diputaos están un poco apenados, porque se las ha tildado de todo, no sólo de racistas, sino de  a incluso de fascistas, porque desde el poder perjudican a un grupo vulnerable, como son los migrantes”.

“La televisión local RCG no estuvo ausente, sino estuvo muy presente pero en contra de los migrantes de alguna manera sumamente agresiva contra ellos, contra el Padre Pantoja y contra el obispo”, agregó Valdés.

Entre los organismos que enviaron cartas al Gobernador de Coahuila y otras autoridades federales fueron asociaciones locales como el Consejo Ciudadano Permnente, y otras nacionales e internacionales como Foro Migraciones, Indymedia, Cencos,  la Red Todos los Derechos Para Todos, Indymedia y RadioBemba, entre otros.

El silencio de las autoridades

Esta es la tercera vez que Amnistía Internacional emite una acción urgente al gobernador Moreira, Gobernador del Estado de Coahuila, en menos de dos años. La primera fue queja similar fue recibida el 22 de enero del 2008, debido a los ataques en las oficinas de la Diócesis de Saltillo contra Mariana Villareal Contreras  y otros miembros del Centro los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, en diciembre del 2007.

En un análisis de los avances de la investigación de las amenazas a personal del centro Fray Juan de Larios, la entidad responsable fue la Fiscalía General del Estado, y (antes la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila) y según la averiguación previa S-G2-S4-000/008 de la cual hasta la fecha, casi dos años después, aún no se ha determinado un móvil ni siquiera una persona sospechosa.

Pero en México en cuanto a la migración van tres alertas en 2009, “las otras dos van relacionadas con hechos en Chiapas, donde los migrantes han sido baleados y anteriormente también se han estado dando otras acciones urgentes que coinciden también con la de Saltillo”, explicó José Luis Loera, de Amnistía Internacional.

Otra alerta que pasó desapercibida por los medios locales, fue la del pasado 13 de Octubre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, envío el un boletín de prensa 073/2009, su preocupación sobre el clima de xenofobia que se ha vivido en los últimos días en el Estado de Coahuila en contra de la población migrante centroamericana y que podría devenir en actos de violencia, los cuales violan la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La reacción fue a raíz de una denuncia al Conapred del brazo de defensa de migrantes del Episcopado Mexicano, llamada la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de lo cual la instancia federal pidió a las autoridades municipales, estatales y federales que pongan especial atención a esta situación dado que “podría ocasionar rechazo y agresión hacia organizaciones civiles y sociales que brindan asistencia a quienes transitan por nuestro país”.

“El organismo pide a los medios de comunicación que contribuyan a no reproducir conceptos estigmatizantes al realizar sus coberturas noticiosas y por el contrario, que favorezcan el uso de un lenguaje incluyente”, dice el comunicado del Conapred.

La alerta la originó la carta enviada el siete de octubre por el representante de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, con folio 036/09 dirigida a Perla Bustamante Corona, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación afirma: diversos medios de comunicación insisten en relacionar este lamentable hecho (el asesinato) con el trabajo humanitario que realiza el Pbro. Pedro Pantoja Arreola. Estos medios son el noticiero "De primera mano", del locutor Marcos Martínez Soriano, del canal RCG y el "Noticiero Libre", del locutor Antonio Dávila de la Radiodifusora "La Reina" de la estación 100.9 de Frecuencia Modulada”.

En dicha misiva le comenta que hay grupos en Coahuila que están tratando de “vincular injustamente el grave asesinato e intento de homicidio, con el Albergue, Belén Posada del Migrante, que evidentemente no tuvo ninguna relación con estos delitos, busca despertar entre la población sentimientos xenofóbicos, y de odio contra los migrantes, del mismo modo que EE UU está persiguiendo a nuestros migrantes mexicanos”, escribió Romo.

Las denuncias a grupos nacionales e internacionales y se generó el envío de masivas a funcionarios estatales y federales sobre los ataques a los migrantes y los defensores de migrantes, entre ellos al Gobernador, Humberto Moreira Valdés, a los representantes del Congreso Local, al Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y al Presidente de la Comisión Federal de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

El representante de Amnistía Internacional explicó que generalmente las acciones que envían generan cientos de cartas a las autoridades competentes y otros casos que han defendido en México, han llegado a ser más de mil y las autoridades les contestan con documentos escritos o reuniones de trabajo.

Hasta el pasado miércoles 4 de noviembre, mientras a nivel nacional e internacional la denuncias de xenofobia fuero difundida en agencias de noticias y periódicos, a tres semanas después de que se inició esta acción urgente y envío de cartas, el Gobierno del Estado ha guardado silencio y las pocas declaraciones hechas, no han tenido el tono de respuesta enérgica ante un hecho de este tipo.