Voto nulo, duro ¿y puro?

Alejandro Cárdenas López

La campaña del voto en blanco navega desde hace varios años en la escena política. Aunque el argumento no es nuevo, se valora su aparición espontánea de ciertos grupos sociales y aunque sigue el debate, la respuesta de políticos y algunos académicos se limitan a considerarla como mediocre, estéril e insuficiente, lo cual nubla el verdadero tema sobre reformas estructurales: desaparición de plurinominales, candidaturas independientes, reelección de diputados, segunda vuelta y manufactura de votos.

El tema se difundió hace tres años cuando se publicó en libro “Ensayo sobre la lucidez” del critico premio novel de literatura José Saramago, una novela profundamente política que relata cómo en un municipio llaman a votar en blanco en la elección y más del 75% de los votos son anulados, lo cual generó una atroz represión del gobierno.

En una parte, cuando la persecución inicia, un personaje afirma a los perseguidores: nunca podrán decir que la culpa la tienen éstos a quienes la voluntad popular, libremente expresada en sucesivas, pacíficas y leales disputas democráticas, confió los destinos de la nación y ustedes han traicionado la memoria de sus antepasados. No se quejen de nosotros, quéjense ante ustedes mismos.

Con ello, Saramago da entender que votar en blanco es un derecho irrenunciable, y entonces, no es un problema de los ciudadanos, sino de la clase política, quienes más que preocuparse por el voto en blanco, deberían atender las causas, como por ejemplo, los bajos niveles de aceptación y poca credibilidad.

Para el filósofo y politólogo Norberto Bobbio la apatía política de ninguna manera es un síntoma de crisis de un sistema democrático sino, como habitualmente se observa, un signo de perfecta salud: es suficiente interpretar la apatía política no como un rechazo al sistema sino como benevolente indiferencia.

En el fondo, en el inconsciente colectivo de lo mexicanos, sabemos que votar ya no es un acto de poder, porque la consigna de los partidos es: gana la elección quién acarrea más votos de la forma que sea, con dinero privado o público.

El voto en blanco, que según las encuestas nacionales hace 15 días, sería de entre el 7% y 10% del total de votantes, los pone en evidencia. ¿Cuántas boletas serán llenadas con plena libertad de decisión y por voluntad propia de los ciudadanos para escoger a quien verdaderamente defima mejor el rumbo del país? Esperemos que la mayoría, aunque pocos confiarían en esa respuesta.

Sobre las candidaturas independientes, el debate se cetra en un sistema de partidos políticos poco representativo. Ante ello, la lógica es: “yo voto en blanco porque ni los candidatos, ni los partidos me convencen; prefiero abrir la posibilidad de un independiente, pero como legalmente los partidos políticos no lo permiten, los exhibo con mi voto nulo”.

La cultura del mapachismo, el partidismo servil y la compra del voto reflejan una realidad, aún con los tremendos esfuerzos del IFE de consolidar y dar credibilidad a las elecciones: muy pocos votos son puros. Entonces, si mi voto va a ser “nulo” porque se van a acarrear a miles de personas, entonces “para qué jugar a las elecciones y legitimar medianamente una farsa bien organizada”.

Si hubiera índices de abstencionismo menores, entonces, la competencia y la autentificación sería mayor, pero pocos aceptan que mantener la pobreza, el desempleo, la crisis y la falta de educación son los mejores aliados del abstencionismo.

Alejandro Martí propuso otra forma de mostrar el rechazo a la clase política y suena muy bien, pero hasta ahora a nivel nacional, no más del 20% de los 1508 candidatos diputados, gobernadores y alcaldes se han sumado al llamado de firmar sus propuestas con notario público. En Coahuila, mucho menos. Parece que si seguimos la buena medida de Martí, la cual llegó tarde, podría haber más abstencionismo, porque muy pocos candidatos la han retomado.

Si después de la elección los temas de equidad y apertura electoral no se vuelven parte de la agenda legislativa y del debate público, entonces se habría confirmado que la campaña del voto nulo fue mediocre, estéril e insuficiente. Si esos temas, y otros, se retoman y se inician los debates, sería una pausa y avance, pero serían los últimos tres años de benevolente indiferencia. (interescolectivo@yahoo.com)

El voto nulo, nada nuevo bajo el sol

Del tema que abarca en la opinión pública y en los medios, me limitaré a reproducir una frase del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio:

"La apatía política de ninguna manera es un síntoma de crisis de un sistema democrático sino, como habitualmente se observa, un signo de perfecta salud: es suficiente interpretar la apatía política no como un rechazo al sistema sino como benevolente indiferencia".
N. Bobbio

Ashton Kutcher le gana a CNN, llega al millón de seguidores en Twitter

El reto del millón de seguidores en Twitter, de un usuario de Internet contra un consorcio internacional, un hecho sin precedentes del ciberespacio

Publicado en Vanguardia.com.mx por: Alejandro Cárdenas

NUEVA YORK, E.U.-Lo consiguió. El famoso actor Ashton Kutcher quien apostó que reuniría en Twitter más fans que el canal de noticias estadounidense CNN, lo logró, un hecho sin precedentes en la historia de internet.

EU debe limpiar su casa: Calderón a la BBC

El presidente Felipe Calderón fue cuestionado fuertemente en una entrevista realizada por la BBC de Londres durante su visita a Reino Unido, en la cual aceptó abiertamente la posibilidad de que haya funcionarios corruptos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y negó abiertamente la legalización de las drogas.

‘Premian’ con la opacidad a partidos en Coahuila

Publicado en Vanguardia.com.mx
Alejandro Cárdenas / Violeta Rodríguez
01-Marzo-2009

A 15 días de que entró en vigor el apartado de Información Pública Mínima (IPM) de la Ley de Acceso a la Información de Coahuila, los partidos políticos cumplen a medias con la transparencia… aunque no deben preocuparse mucho, pues la misma ley se “ablandó” para éstos, y ahora les corresponde cumplir con sólo el 36 por ciento de los requerimientos del Artículo 19.

La iniciativa de nueva ley de acceso, presentada por el Poder Ejecutivo en el 2008, avalada por el ICAI y aprobada por el Congreso Local, les quitó a los institutos políticos 16 de las 25 obligaciones que tiene el resto de las entidades y organismos públicos.

Con los cambios, se aumentó en ese artículo la lista de obligaciones para los tres poderes, universidades y organismos autónomos, pero no para los partidos, y por eso ahora los pocos que cumplen en sus portales incluyen en algunas obligaciones, como los viáticos, la frase “no aplica para los partidos políticos”.

Los partidos no tienen obligación de publicar los viáticos y currículums de sus dirigentes, informes de desempeño, catálogos de archivos administrativos, entre otras obligaciones y detalles de contrataciones de base, por honorarios y sindicalizados.

La ley incluye en el Artículo 29 nuevas disposiciones sólo para partidos políticos, pero éstas no suplen los 16 puntos omitidos para todas las entidades públicas.

En leyes similares de otros estados, como Jalisco, Distrito Federal o Michoacán, los partidos deben publicar la mayoría de los puntos que el resto de los sujetos obligados.

Según la comparativa, la ley de acceso aprobada en diciembre del 2008 incluye en el catálogo de definiciones “entidad pública”, como “sujetos obligados a proporcionar información en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, contenidos en el artículo sexto de esta ley, con excepción de los partidos políticos y las agrupaciones políticas”.

En la ley anterior se contemplaba a los partidos como “entidad pública”, pero ahora no; los separa del resto de los sujetos obligados, por lo que esta reforma los excluye de 16 de las 25 obligaciones que tiene toda entidad que maneje recursos públicos.

Independientemente de las reformas, todavía se podrán saber los sueldos de los dirigentes estatales de los partidos y cuál es el más espléndido con ellos.



Avalados por ICAI y IEPC

Pese a que pareciera que se premia a los partidos políticos con la opacidad, ni el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) ni el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC)han hecho observación alguna al respecto en sus respectivas asambleas y juntas de trabajo.

Incluso, en su última sesión de Consejo General, el ICAI calificó a varios partidos con un 100 por ciento de cumplimiento de la IPM. En el documento del ICAI, de septiembre del 2008, se señala que el PRD incumple con todos los puntos y la UDC acata sólo con dos de ellos.

Según una revisión aleatoria hecha por VANGUARDIA ayer sobre lo que la información que los partidos debieron colocar en internet, se encontró que cumplen de forma, pero no de fondo.

De los partidos con registro oficial en Coahuila, no han cumplido con el mínimo de información el Partido de la Revolución Democrática, Partido Unidad Democrática de Coahuila y el Social Demócrata.

La UDC por ejemplo, aunque detalla la IPM, lo hace con el formato anterior a la reforma, pues no ha hecho actualizaciones con los puntos a que está obligado en los artículos 19 y 29 de la ley.

El PRI y el PAN son los únicos que sí detallan lo que dice un articulado especial para partidos.

En el Artículo 29 se les pide, entre otros datos, documentos originales de la mayoría de los puntos, entre ellos información sobre convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes, montos de financiamiento público otorgados mensualmente, y descuentos correspondientes por sanciones. (Con información de Alejandro Cárdenas)

Privilegiados también en la IPM*

La información que los partidos de Coahuila no están obligados a publicar en la nueva ley y que sí deben hacerlo los demás sujetos obligados:

Obligaciones de transparencia del artículo 19	Partidos Políticos	El resto de las entidades públicas
I. Su estructura orgánica y facultades	Sí	Sí
II. El marco normativo aplicable	Sí	Sí
III. El directorio de los servidores públicos,	Sí	Sí
IV. Sueldos y percepciones	Sí	Sí
V.- Viáticos del titular	No	Sí
VI.-Curriculum	No	Sí
VII. Convenios	Sí*	Sí
VIII. Condiciones generales de trabajo, sindicalizados y de confianza, recursos a sindicatos	No	Sí
IX. Indicadores de gestión de proyectos	No	Sí
X. Listado de servicios	No	Sí
XI. Programas de subsidio, estímulos y apoyos que	No	Sí
XII. Presupuesto asignado	Sí*	Sí
XIII. Calendarización de las sesiones públicas	No	Sí
XIV. Servidores públicos encargados de transparencia	Si	Sí
XV. Catálogos documentales de sus archivos administrativos	No	Sí
XVI. Solicitudes de acceso respuestas recibidas	No	Sí
XVII. Los informes de avances de gestión ante el Congreso del Estado	No aplica.	Sí
XVIII. Los resultados de todo tipo de auditorías practicadas y concluidas	Sí*	Sí
XIX. Contratos celebrados por el sujeto obligado, el nombre o razón social del proveedor y el monto del valor total de la contratación	No	Sí
XX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, Arrendamientos entre otros.	No	Sí
XXI. Los índices de expedientes clasificados como reservados	No	Sí
XXII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones: su objeto	No	Sí
XXII. Detalles de concesiones, licencias	No	Sí
XXIII. La entrega de recursos públicos	Sí*	Sí
XXIV. El informe anual de actividades	No	Sí

*Fuente: Ley de Acceso a la Información Pública y Datospersonales, Portal del ICAI y portales de los partidos políticos. Algunos delos puntos mencionados que sí cumplen de los partidos están contemplados en elartículo 29 de la ley.

Oculta Icocult su información

Alejandro Cardenas, Sylvia Estrada , Humberto Vázquez

Publicado en Vanguardia.com.mx



A cinco días de la entrada en vigor del nuevo catálogo de información pública mínima que cada dependencia de Coahuila debe publicar en sus sitios web, el Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult) desacata su cumplimiento.

Y es que mientras otras dependencias y poderes se esforzaron por actualizar la información de viáticos, currículum vitae, sueldos, convenios de colaboración y otras obligaciones de transparencia, el organismo rector de las políticas culturales de la entidad evade presentar esos datos en el portal Coahuila Transparente.

La información pública mínima debía estar publicada en internet desde el 1 de marzo, después de 90 días de gracia dados al cumplimiento del artículo transitorio III de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En atención a esa obligación, el gobernador Humberto Moreira, la Universidad Autónoma de Coahuila y la secretaria de Desarrollo Social, María Esther Monsiváis, por ejemplo, publican en sus respectivos sitios datos sobre viáticos y currículums del personal, pero el Icocult, a cargo de Armando Guerra, presenta lagunas.

Así, uno de los nuevos requerimientos de la ley, contenido en el Artículo 19, es dar a conocer los viáticos del titular de cada dependencia pública.

Al respecto, a pesar de que Guerra viajó por el estado durante enero y febrero, y debería desplegarse en su portal lo que gasta por ese concepto, en el sitio web únicamente aparece la leyenda: “No existen datos para la Dependencia u Organismo seleccionado”.

Respecto al presupuesto público asignado en los apartados General y Por Programa, los datos que muestra la dependencia cultural fueron actualizados por última vez ¡el 4 de marzo del 2006!

En contraste, sobre ese tema, la oficina del Gobernador hace posible consultar las publicaciones de los Periódicos Oficiales que detallan el presupuesto asignado de los tres últimos ejercicios fiscales: 2007, 2008 y 2009.

No transparentan sueldos
El ciudadano interesado en el manejo de los recursos públicos en materia de cultura no puede acceder de manera ágil a la remuneración mensual que perciben los trabajadores del Icocult, tanto del sueldo neto como del bruto.

En contraposición, sí es posible acceder a esa información, por ejemplo, en el portal del Congreso y la página del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

Porque aunque el Icocult ofrece un tabulador de sueldos otorgado por la Secretaría de Finanzas, en éste no aparecen nombres, sólo el nivel y la clave del puesto.

Y si bien se puede conocer el organigrama del Icocult –que, contrario al artículo 19, fracción 1, no incluye cuáles son los requisitos para acceder a los puestos que presenta–, no todos los cargos cuentan con la clave de su nivel.

Así, Armando Guerra tiene el nivel DGAA, lo que significa que tiene un sueldo mensual neto de 69 mil 943.17 pesos; pero en el caso del coordinador del Centro de Iniciación Artística “Pilar Rioja” de Torreón, Jaime Hinojosa Villagómez, no aparece su nivel, por lo que no puede encontrarse su sueldo en el tabulador de Finanzas.

El usuario de Coahuila Transparente se topa con otra laguna informativa cuando intenta acceder al apartado de Calendario de Reuniones Públicas del Icocult, pues el último evento registrado es el del 7 de marzo de 2006.

En cambio, en el sitio de la oficina del Gobernador sí aparece la agenda diaria de sus actividades por todo el estado.

La trayectoria profesional de los funcionarios del Icocult es un misterio para la ciudadanía, porque la página web donde deberían aparecer esos datos no los presenta.

De su lado, la UAdeC, no sólo muestra el currículum detallado de su titular, el rector Mario Alberto Ochoa, también el de los funcionarios de primer nivel, como es el caso del tesorero general, Guillermo González, o del coordinador general de difusión y patrimonio cultural, Alfonso Vázquez Sotelo.

De igual forma, en la página de la Oficina del Gobernador se puede consultar el currículum tanto de Moreira Valdés, como de los servidores públicos que colaboran en las unidades adscritas al Despacho del Gobernador.

‘Nueva Fiscalía de Coahuila se queda corta’: Fundar

Por Alejandro Cárdenas López

Publicado en Semanario de Vanguardia

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La propuesta de desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública para crear una fiscalía especial, “se queda corta” en comparación con lo que están haciendo otros estados en torno a sus sistemas de justicia.

Y es que a raíz de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, los estados tienen plazos específicos para aprobar esta reforma en sus congresos locales y contar con los mecanismos adecuados para implementarla, con ella vienen, entre otras cosas, los juicios orales y la garantía de inocencia al ciudadano hasta que se demuestre lo contrario. Además se incluye la figura de un “juez de control” que evaluará si el Ministerio Público realizó la investigación adecuadamente y siguió los procedimientos. El objetivo: obligar a las corporaciones a la profesionalización.

En Nuevo León, por ejemplo, a través de la organización internacional Iniciativa Pro-justicia de la Sociedad Abierta, se han venido realizando numerosos foros para promover reformas de avanzada que caminen a la par con la Reforma Constitucional. Chihuahua, Oaxaca y Morelos son también estados ejemplo donde ya se están llevando a cabo los juicios orales y se están armonizando las leyes.

En cambio en Coahuila se discute una iniciativa que contradice la tendencia nacional. A decir de especialistas, la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública requiere de un gran esfuerzo de los estados para su aplicación, ya que de no ser así, se corren riesgos muy altos de que el sistema de justicia se venga abajo.

De acuerdo al Diario de Debates, la discusión en el Congreso Local ha sido nula, ni un solo foro. Además, del total de diputados sólo cuatro han declarado en tribuna sobre el tema, lo cual podría representar falta de interés o desconocimiento.

Por otra parte, Jesús Torres Charles, procurador de Justicia de Coahuila, fue acusado por diputados de oposición y por abogados de Saltillo, de realizar en el interior del estado “foros en lo oscurito” con empresarios, universidades y legistas.
 

En la mayoría de estos eventos no hubo invitación abierta y no se han entregado las propuestas de los resultados al Congreso Local, y en general la iniciativa no ha sufrido cambios.

Semanario envió esta iniciativa para su estudio a la especialista en seguridad ciudadana, Margarita Castilla Peón, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones civiles más serias del país, especializadas en transparencia, seguridad y justicia. Aquí el análisis contundente junto con la visión de abogados locales. “¿Por qué crear una fiscalía que parece más bien de bajo perfil ante el reto que impone la reforma a nivel nacional?” se pregunta la experta.

La Fiscalía General del Estado podría ser aprobada en el Congreso del Estado esta semana.

“Esta propuesta no abona a las leyes existentes. La concentración y monopolio de las funciones pareciera que no contribuye a que halla equilibrios de poder y transparencia de los recursos, pues expresa se pensaría en que estas propuestas fueran en el sentido de transparentar procedimientos, funciones, cuestiones de relación de poder entre autoridades, pero no propone mecanismos más allá que eso.

“Esta fiscalía está coja de mecanismos de control. Me parece que es una propuesta que busca compensar esas imposiciones que vienen de la federación, me podría parecer una estrategia, sin embargo, si es así, es una estrategia que queda coja en competir, es más bien la necesidad de concentrar poderes, con ese escenario de que en muchos estados ha sido difícil lidiar con la PFP y la ministerial”.

OMNIPOTENCIA

La tendencia a nivel nacional en cuanto a los períodos de dirección en puestos de Seguridad Pública está orientada más bien a reducir los tiempos. Ante la propuesta de que la cabeza de la fiscalía (Jesús Torres Charles) permanezca en su cargo ocho años con opción a extenderse hasta 16 años, de acuerdo al artículo 111, explica:

“Es algo que se lee difícil, afianzar la fortaleza de un funcionario público de esa naturaleza se lee extraño cuando esa continuidad no se procura para otro tipo de puestos.

“El tema de la continuidad es un problema no sólo para seguridad pública sino también para los ayuntamientos, pero ¿porqué no hacerlo así?, pues porque de pronto es como concentrar mucho el poder en una función que no tiene mecanismos de control. Si se concentra le tendría que corresponder un contrapeso importante de rendición de cuentas, los controles que propone la fiscalía en cuanto a confianza, profesionalización, transparencia, insisto, no ponen ningún otro contrapeso con la ciudadanía, no son distintos a los que ya están planteados”.

Francisco Robledo, expresidente del Foro de Abogados de Saltillo, coincide con que el otorgamiento facultativo en la figura del Procurador del Estado cae en un autoritarismo.

“Seria un superman, más fuerte y poderoso que un Gobernador, la misma gente que estaba en la Procuraduría General del Estado comentó que no era conveniente crearla”.

Ahondó que en ese contexto propone crear una Secretaría de Justicia, donde se tengan áreas específicas para atender las funciones que tendría el Fiscal General, ya que el procurador no sólo será representante de la institución del Ministerio Público, sino será también consejero del Gobernador, representante de los menores en los juicios familiares, representante del Estado en sus sesiones, representante en sociedades mercantiles y tiene múltiples facetas que se apartan de su función constitucional.

“El fiscal especial se considera omnipotente, como tiene el poder y aparte la economía y la fuerza del Estado, habrá un momento en el que harán las leyes a su antojo, sin tomar en cuenta a los profesionales en la materia, y menos a la sociedad en general”, así lo declaró en días pasados, Rogelio Guerrero Guzmán del Foro de Abogados.

POCA PROFESIONALIZACIÓN

La especialista explica que respecto a la profesionalización de los cuerpos policíacos, la reforma federal establece un control muy claro que obliga a las entidades a elevar el sistema de justicia: la figura de un juez de control que buscará en todo momento corroborar que los agentes sigan los procedimientos que marca la ley y agoten todas las líneas de investigación.

La iniciativa que se discute en Coahuila no contempla esta figura. Castilla detalla que con esta omisión la Fiscalía no resuelve la cuestión histórica sobre la falta de capacidad de investigación de la Policía Ministerial y pareciera que los esfuerzos se centran en cuestiones institucionales y administrativas.

Cabe señalar que el decreto coahuilense contempla una figura llamada “juez de conocimiento” que se menciona dos ocasiones en el apartado de Ministerio Público y no se detalla su jerarquía ni el método de asignación.

Por otra parte, el abogado saltillense Francisco Robledo, explica que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, realizó un curso en Saltillo con una duración de una semana, que se impartió a los agentes del Ministerio Público del fuero común y federal, y que ahí les dijeron cuáles podían ser los modelos de los juicios orales a implementarse. Se les detalló que debe existir un juez de garantías quien obligaría al Ministerio Público a actuar dentro de las obligaciones que marca la ley.

MÁS FACULTADES A LOS PREVENTIVOS

La propuesta enviada al Congreso Local le da más facultades de investigación a la Policía Preventiva, situación que la experta Margarita Castilla recomienda analizar detenidamente.

“Qué es lo que pasa cuando se le dan las facultades a cuerpos que no están capacitados para ello, se vuelve un poco como un peligro, darle un arma a quien no la sabe usar”.

Explica que el problema en sí no está en las funciones, sino en la capacitación de los cuerpos policíacos, “cómo realmente se van a integrar al nuevo sistema de justicia penal? Porque ahora sí tendrán que armar un expediente con una investigación profesional y tendrán que defenderla”.

Es el peor de los errores que pueda haber, señala Francisco Robledo, ya que dice que la Policía Preventiva no tiene ni la capacidad, ni preparación ni el perfil idóneo para investigar. Y que únicamente son receptores de huellas, indicios y vestigios que la gente les trasmite, mas no tienen ninguna capacitación para ser investigadores.

El decreto que está por aprobarse detalla que la policía será auxiliar del Ministerio Público pero la interrogante de Robledo es: “¿Quién se encargará ahora de las labores de prevención si todas las policías van a dedicarse a investigar?”

“Se están olvidando de quién va a prevenir, se les olvida que la Secretaría de Seguridad Pública era la que debía dar una norma de las acciones de todo el Estado para prevenir, y si no sabían hacerlo menos van a poder investigar”.

FUSIONAR O NO FUSIONAR

Sobre ello la investigadora afirma que la razón por la que deben estar separadas la SSP y la PGJE es porque a una le corresponden labores de prevención y a otra de investigación.

A nivel federal, hubo una propuesta de Vicente Fox en 2004 y otra de Felipe Calderón en 2007, donde también se habló de la unificación de policías, ante ello diputados del país, han señalado después de casi cinco años, que es apresurado unificar las corporaciones policíacas.

Por ejemplo, el Diputado federal del PRI, Gerardo Vargas Landeros, el pasado dos de febrero, dijo a medios nacionales que la fusión es una medida que podría estancar la actividad del combate a la delincuencia organizada y generar mayor descontrol de inseguridad.

“Quieren unificar a la Policía Federal, Policía de Migración y a la Policía de Aduanas que al final de cuentas cumple como parte investigadora y policial. Lo que estamos considerando en el PRI y en la Comisión de Seguridad Pública es que a como lo están proponiendo, es que vaya a ser muy difícil operar, tenemos la experiencia de otros países que no han logrado hacerlo”, precisó.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados sostuvo que uno de los motivos importantes para evitar la fusión de las corporaciones policíacas en el país, es la capacitación especial que recibe cada elemento en el área que le corresponde.

“Se está viendo cómo se van a poder articular esa cooperación entre las corporaciones policíacas, porque es muy diferente la preparación que tiene cada policía, la de la Policía Federal Preventiva o de la Procuraduría General de la República...” explicó Vargas Landeros.

SEGURIDAD VITALICIA

La nueva fiscalía plantea además en el artículo 186 lo siguiente: “El estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos de seguridad pública y procuración de justicia”.

En el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales del pasado 10 de febrero, no se modificó sustancialmente la iniciativa y los panistas se pronuciaron en contra:

“Por qué carajo tenemos que seguir pagando los coahuilenses ad perpetuam la seguridad de quien haya sido Gobernador, que se les esté protegiendo hasta la consumación de los siglos no estoy de acuerdo, es una burla y lo hacen porque tienen mayoría”, expresó Esther Quintana, diputada blanquiazul.

CUATRO cosas que pensar antes de aprobar…

Margarita Castilla Peón hizo tres recomendaciones al Congreso del Estado para reflexionar antes de dar el voto final.

-”La Reforma Constitucional no establece la concentración de poderes como lo hace la Fiscalía, sino promueve la especialización y la profesionalización. La capacitación de estos cuerpos policíacos en una nueva cultura de actuación policial con el principio de inocencia, cuestiones garantistas que no se leen en esta propuesta”.

-”La reforma insiste mucho en procurar el equilibrio en las instancias del poder ejecutivo y esta propuesta más allá de abonar en todo el sistema de justicia lo que hace es reforzar y concentrar el poder”.

-”En la medida en que se busca reforzar, hacer más garantista, abierto al público, transparente, un proceso penal, se busca también cuidar a la ciudadanía que se enfrenta a un proceso y la concentración de estos poderes no cuida esos principios, porque no ofrece mecanismos de control a una instancia que concentrará mucho poder, ¿qué es lo que compensa esta nueva fiscalía que además tendrá un voto preferencial a otras instituciones del gobierno?

-”No se retoma el aprendizaje de cómo se ha ido implementando este tipo de reformas en otros estados”.

Barack Obama: realidad y esperanza

Barack Obama piso por primera vez la Casa Blanca investido ya como presidente de los Estados Unidos, el 44 en la historia de este país. Entrevista con editor de The Economist

Por: Alejandro Cardenas/EFE

21-Enero-2009 Barack Obama entró en la historia como el primer Presidente negro de Estados Unidos y con su toma de protesta en el Capitolio, todo Washington vivió una fiesta después que dijo: “Juro solemnemente defender la Constitución...”.

Luego, frente a la multitud presente y a la comunidad internacional que seguía la ceremonia, pronunció el discurso de investidura que duró 18 minutos.

Los analistas dijeron que fue audaz, tuvo fuerza, y transmitió realismo pero también esperanza, y presentó un mensaje más que de transición, de transformación y del inicio de una nueva etapa.

Los mercados internacionales, no obstante, no reaccionaron con el mismo júbilo y Wall Street no consiguió avanzar ante el discurso realista de Obama.

El nuevo Presidente estadounidense enfrenta un país con una severa crisis económica y dos guerras con otras naciones, por eso afirmó en su discurso: “Los problemas que nos aguardan son reales”.

En opinión de Michael Ried, editor de la sección de “The Americas” de la revista The Economist, entrevistado por VANGUARDIA, Obama primero se abocará a resolver los problemas económicos de su país, antes que asuntos de política internacional y de migración.

“Eventualmente podría haber alguna reforma en la política migratoria, pero es un tema demasiado difícil políticamente, sobre todo ante una recesión, y Obama tendrá muchas otras prioridades más urgentes”, dijo.

El editor de la revista acepta que la “fiebre Obama” ha cautivado a gran parte del mundo, además de Estados Unidos, a muchos en Europa y América Latina, pero afirma, “hay mas escepticismo en el mundo árabe”.

Agregó que Israel aprovechó los últimos días de la presidencia de George Bush para lanzar su ofensiva contra Hamas en Gaza, pero se pregunta si Obama va a poner el grado de presión necesaria sobre Israel “para que haya la posibilidad de una paz duradera después de la tragedia de Gaza, aunque eso depende también de las acciones de Hamas, de Siria y de Irán”, dijo.

Reid afirmó además que Obama no es San Martín de Porres, “pero más importante, no es Bush, y por eso la mayoría de los lideres de América Latina le van a dar el beneficio de la duda.

“El oficio de la política es terrenal e imperfecto, es inevitable que el nuevo presidente va a desencantar a algunos. Ya se ve al Presidente Chávez haciendo un esfuerzo grande para buscar punto de conflicto”, finalizó.

Los pecados y milagros de la nueva ley de acceso a la información en Coahuila

Por Alejandro Cárdenas López

Publicado en Vanguardia.com.mx

06-Febrero-2008

Hoy entra en vigor nueva la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un esfuerzo del ICAI y del Ejecutivo Estatal por mejorar las lagunas legales que contenía la antigua ley.

Pero llega en el momento en que su órgano garante se recupera del desgaste de los conflictos internos recientes por la salida de su ex presidente Eloy Dewey, un personaje que aún con sus críticas, le daba un matiz diferente al ICAI y era claro que no agradaba al Gobierno en turno.

La ley entra en vigor además en un momento en que el órgano garante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública concreta esfuerzos valiosos, pero no suficientes. La nueva ley buscaba subsanar varias deficiencias la normatividad anterior, pero a criterio de VANGUARDIA el Ejecutivo Estatal y el ICAI tuvieron que pecar y realizar milagros para que fuera aprobada la Ley así como quedó, de otro modo hubiera sido imposible.

Milagro 1: Reformas a la Constitución Federal

El 14 de junio del 2007 fue aprobada una reforma a la Constitución Federal en materia de transparencia y acceso a la información.

Por obra y gracia del Espíritu Santo se desprendió la realización de una guía para dar seguimiento a esas reformas con alternativas concretas para el diseño de las leyes de acceso a la información pública en los estados.

Por ello, se inició el trabajo del llamado “Código de Buenas Prácticas”, un ejercicio de consulta y consenso, donde vía académicos y expertos, definieron las mejores prácticas en la materia.

Un documento inédito en el país que sirvió como marco de referencia para el diseño de las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Milagro 2: Iniciativa de nueva ley presentada por el Ejecutivo Estatal

No fue a voluntad del Poder Ejecutivo presentar una ley con tanto detalle y que muestra conocimiento pleno en la materia, sino que fue a raíz de la reforma al Artículo 6 de la Constitución que se obligó a los estados a reformar sus leyes antes de junio del 2008.

Pero sorprendió la forma en que vía Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Gobierno se fueran dando las cosas para avanzar en la materia. Así se pudo constar en el reciente Informe del gobernador Humberto Moreira, donde el tema de la transparencia simplemente no fue mencionado.

Por ello, resulta milagroso saber que la iniciativa de la nueva ley, haya sido presentada por el Ejecutivo estatal y no por el ICAI, quienes son los expertos en la materia.

También resulta obra del Espíritu Santo que el órgano garante no haya hecho cambios a la propuesta enviada por el Ejecutivo. Tampoco se puede omitir que el ICAI mostró habilidad de cabildeo con los poderes del Estado para que pasar ala iniciativa así de rápido.

Milagro 3: Aprobación en “Fast track” por el Congreso Local

Pocos días después de que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno presentara la iniciativa al Congreso local, la reforma pasó sin contratiempos. ¿y dónde está el milagro si casi todas las iniciativas mandadas por el Ejecutivo estatal pasan así? La parte sobrenatural es que haya sido aprobada por consenso un tema en el cual el PAN siempre había diferido con el PRI.

Además, parte del milagro es que se haya resuelto tan rápido un tema tan técnico de derecho administrativo. Pero tal como Moisés movió las aguas del mar, la iniciativa permitió que se leyeran más de 50 cuartillas con complejos tecnicismos y sólo hubieran observaciones de forma, y sin haber realizado foros ciudadanos. Leída en el pleno …una, dos y tres veces… para que sin excusas ni pretextos, como presagio divino, quedara aprobada la ley y publicada en el Periódico Oficial el pasado 2 de septiembre.

Milagro 4: Recursos de revisión expeditos

Todo es un asunto de interpretación. El ICAI desde sus inicios pensó en facilitar al ciudadano la forma de inconformarse e interpretó un artículo de la ley en cuanto a quejas contra malas respuestas, que pudieran acudir directo al instituto. Con ello, su primer año de trabajo recibieron decenas de quejas ciudadanas. Pero el Ayuntamiento de Saltillo, por arte de magia, interpuso un recurso legal contra la interpretación del ICAI en esos recursos de revisión y oníricamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado falló a favor de Saltillo.

Es decir, desde ese momento, el ciudadano inconforme con la respuesta a una solicitud de información, tendría que subir al Monte Calvario a ir primero a la misma entidad pública y después de recibir una segunda respuesta negativa, acudir al ICAI.

En la nueva iniciativa desaparece ese precepto y además permitirá que se pueda impugnar vía internet, en el mismo sistema. Es decir, las personas que hagan una solicitud desde hoy a las 12:00 de la madrugada vía el sistema en línea (www.infocoahuila.org.mx), cuando reciban respuesta podrán inconformarse en línea y directamente al ICAI.

5.-Eliminar la traba de la inexistencia de documentos

Al menos, el problema de la inexistencia de documentos, la principal artimaña utilizada por las entidades públicas cuando no quieren contestar una solicitud de información, fue aparentemente solucionado. En la ley anterior, no se mencionaba nada al respecto, sólo en el reglamento donde se obligaba a la entidad a expedir una constancia de inexistencia de los documentos solicitados. Lo que sucedía con eso, era que cualquier respuesta que una entidad no quisiera dar, sólo declaraba la información como inexistente.

Parece que con la nueva ley ese problema se soluciona, dado que hacen algunos cambios y mencionan que implica una sanción para quienes, “declaren dolosamente la inexistencia de información o de datos personales, cuando exista total o parcialmente en los archivos en la Unidad Administrativa”.

Pecado 1: Mucho tiempo de respuesta

Lo dice la Constitución Federal y la Estatal: los procedimientos de acceso deben ser rápidos. Pero en la nueva ley los tiempos de respuesta siguen de 30 días hábiles, cuando la ley del 2003 eran sólo de 20 días hábiles, o un mes en términos prácticos. Un pecado de omisión.

El cambio se intentó justificar con la llegada de las solicitudes electrónicas, pero en la práctica es un calvario realizar una solicitud y recibir una respuesta por el tiempo que tarda, hasta 45 días naturales.

En Coahuila, las entidades que tienen 20 días para contestar piden prorroga casi siempre, cuando la ley dice que debe ser la excepción y tienen 10 días más.

En esto, la iniciativa incumple con lo propuesto por el artículo 1412 del Código de Buenas Prácticas, que dice que “toda solicitud de información presentada en los términos del presente CBP deberá ser resuelta en un plazo no mayor de diez o veinte días hábiles”.

En Jalisco son sólo 10 días hábiles aún con prorroga y en otros estados como Chiapas, Chihuahua y Nayarit sólo hasta 15 días de respuesta, y Coahuila es de los estados más atrasados al respecto.

También en este punto se modifica el concepto de “prórroga” el cual desaparece en la nueva ley de Coahuila y la cambian por “ampliación del plazo”.

La nueva ley dice que el “plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven”, y el CBP dice que el “podrá prorrogarse por un periodo igual cuando no sea posible reunir la información solicitada en dicho término”.

¿Cuál es la diferencia? Que las razones que motiven una prórroga pueden ser de cualquier tipo, y por el contrario el hecho de que no sea posible reunir la información solicitada, es algo muy preciso, que no genera dudas ni diversas interpretaciones.

Además, la reforma de la ley omite lo recomendado en el artículo 1413 del CBP que indica que cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como información pública de mínima, “ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a tres o cinco días hábiles”.

Además, el plazo así de largo, contraviene la fracción VI del párrafo segundo del artículo 6 de Constitución Federal reformada en 2007 que dice que se “establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos”.

Pecado 2: Los procesos deliberativos de las cuentas públicas

Un tema muy viejo, relacionado con la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior del Estado. El tema fundamental son las observaciones realizadas en las auditoría y la forma en que las entidades responden, lo cual es otro pecado de omisión, en la ley y no atiende al artículo 302 y 314, permite hacer públicos “el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas y respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado”.

Lo anterior no es un pecado de omisión, es un pecado mortal dado que algo tan importante se omite en la nueva ley de acceso, dado que cuando se habla de cuentas públicas desaparecen lo relacionado a “observaciones” y “procesos deliberativo”.

Pecado 3: El aplazamiento del tema de archivos

Muchas dudas quedan en los artículos transitorios de la ley dado que definieron tiempos diferentes para que entre en vigor y para los aspectos correspondientes a la protección de datos personales y archivos, dado que estarán vigentes hasta dentro de un año, a partir del 1 de diciembre de 2009.

La historia de los archivos y la transparencia ha sido un lastre desde que volvió a poder del Archivo General del Estado, se perdió seguimiento con ayuntamientos y con otras entidades, sin darle la importancia que tiene para el estado.

El avance ha sido poco, pero el AGE no asume sus funciones de vigilancia y no valora la importancia de los archivos administrativos. Sólo basta ver las instalaciones del Archivo General del Estado, con la forma en que tienen ahí en completa desorganización de los archivos desde hace al menos dos años, relacionada con archivos administrativos del Poder Ejecutivo. Parece que eso no era urgente.

Pecado 4: Falta de consistencia del ICAI

Ahora un pecado estructural es cometido por el ICAI dado que incumple con sus propios preceptos y la información que publica en su portal, especialmente en el apartado de “resoluciones”, donde aparecen los expedientes de los casos de ciudadanos inconformes, documentos en los que se evidencia la razón de ser del ICAI donde se sabe si abrieron o mantuvieron la información reservada. Esa información en su portal www.icai.org.mx la tienen actualizada hasta abril del 2007.

Es decir, desde hace un año y ocho meses no se actualiza una sola de sus resoluciones, incumpliendo con el Reglamento de la Ley de Acceso, que ellos mismos aprobaron, y que dice que en su artículo 17 que “la información pública mínima deberá ser actualizada por las entidades públicas periódicamente… y la información que no tenga un ciclo de generación definido, se hará cada tres meses”, dice el documento.

Las sesiones del Consejo General donde resuelven son mensuales, y según lo que se interpreta del reglamento, deberían de subirse cada mes a su portal, porque si lo hacía, se ve muy mal que pierdan esa consistencia.

Este tipo de faltas dañan el trabajo y esfuerzo que por otro lado el instituto realiza en todo el estado con grupos de jóvenes, con capacitación y con eventos. Ir a la fuente original. 

Populariza Calamaro su lengua en México

Alejandro Cárdenas López / Enviado
Publicado en Vanguardia de Saltillo.

“Ha sido para mí una grata sorpresa; para recuperar el tiempo perdido, vamos a venir mil veces, cada semana”, exclamó el cantautor argentino Andrés Calamaro el pasado lunes 13 de octubre durante su primer concierto en la Ciudad de México después de 30 años de carrera de rock y blues.