Gasto publicitario del Gobierno Federal, privilegios a ciertos medios también en internet

Gracias a la Revista Zócalo por publicarnos el texto que trabajamos Luis Guillermo Hernández y un servidor en su edición de Diciembre 2017. Esta es una actualización del trabajo realizado previamente, y en esta ocasión se analiza el gasto de publicidad de una empresa que recibe ingresos por anuncios en el portal del periodista Pablo Hiriart.

Por Alejandro Cárdenas y Luis Guillermo Hernández

Decir que el sistema mediático mexicano padece una enfermedad severa en materia comunicacional, cuyo síntoma más evidente es un extendido clientelismo producto de la aplicación discrecional de recursos publicitarios públicos, no es decir algo nuevo. Aunque sí muy grave.

No era nuevo tampoco en el año 2015 (ver revista Zócalo No. 188) cuando hicimos un análisis al respecto y utilizamos para ello una metodología basada en la observación de un fenómeno de supeditación del sistema mediático al sistema político mexicano, que nos permitió detectar cómo el principal receptor –en ese momento- de recursos estatales en materia de publicidad, el periodista capitalino Joaquín López-Dóriga, establecía como su principal fuente de información aquella surgida de las estructuras comunicativas del mismo gobierno.

Pese a la dificultad que implica observar y documentar los efectos más claros de esa supeditación medios-poder político, por la opacidad y naturaleza ambigua de esa dependencia, pudimos señalar, podemos hacerlo ahora, que ciertos grupos mediáticos nacionales, se convirtieron en aliados del régimen, para construir hegemonías y mantenimiento del status quo.

La concentración de las tareas de planear, autorizar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el gasto publicitario total del gobierno en una sola instancia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha tenido un efecto adverso, que sin embargo hoy, a la luz de la histórica decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena al Legislativo expedir la ley
reglamentaria del Párrafo VIII del Artículo 134 Constitucional, podría llegar a su fin, lo cual permitirá regular la publicidad gubernamental y sentar las bases de una relación distinta entre medios y poder político.

La discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos, que en ningún caso se corresponde con el impacto social, la pertinencia del medio o una evaluación del costo-beneficio, ha indicado desde hace tiempo que los principales vicios identificados en la relación sistema mediático-sistema político prevalecen y, en el caso de la esfera federal, se intensifican.

Basta con observar un ejemplo. De acuerdo con el análisis de Fundar México, la administración de Enrique Peña Nieto ha ejercido hasta principios de este año un total de dos mil 253 millones de pesos en publicidad oficial vía internet, lo cual significa un 6.21 por ciento del total de medios.

Un ejemplo de los gastos en 2016 es la empresa Comunicación Extensa, S.C. que presenta
pagos de banners para el sitio www.pablohiriart.com, del periodista Pablo Hiriart.

Se realizó una búsqueda de todos los gastos ejercidos en dicho sitio por el Gobierno Federal durante 2016 y se encontraron 25 registros de 14 instancias federales que significan un total de 3 millones 615 mil 491 pesos, como se muestra en la tabla....

VER TEXTO COMPLETO