La mano que mece el desprestigio del IFAI, INE, IFT y... ¿CNDH?

Por Alejandro Cárdenas

La participación de ciudadanos dentro de la administración pública de nuestro país se consolidó desde los años 90s como una forma de permitir a la sociedad civil ser parte de la toma de decisiones públicas. Pero hoy esta práctica se encuentra en franco retroceso por la embestida que busca su desprestigio (y control) por parte de diputados, senadores, gobernadores y la clase política, pero muy marcadamente el equipo peñanietista en el poder.

¿Qué organismos 'ciudadanos' han sido los más afectados? Los relacionados con temas que tutelan nuestros derechos fundamentales, como electorales y de acceso a la información pública, y transparencia, financieros, de telecomunicaciones y derechos humanos.

Veamos un ejemplo: a inicios de 2014, cual salvadores o titiriteros de un organismo ciudadano que estaba en proceso de reestructuración interna, los diputados y senadores dieron carpetazo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por un pleito interno entre los comisionados Gerardo Laveaga y Ángel Trinidad.

Para quitar a los antiguos comisionados del IFAI, diputados y senadores arguyeron que sus diferencias internas eran muy graves. Cosa curiosa, con el IFE-INE actuaron de manera diferente. Esta situación se ha agudizado con el retorno del PRI que sin miramiento alguno ha impactado en la conformación del IFE-INE, IFT, y el Ifai y ahora ¿será el caso la CNDH?

Lo vimos con el antiguo IFE. El PRI impuso, como parte de su cuota, al militante de su partido Sergio García Ramírez como consejero. Nadie duda de sus credenciales como especialista en temas jurídicos y derechos humanos, pero desde su posición le ahorró a su partido la multa de 75 millones de pesos por el uso de tarjetas Monex para comprar votos en las pasadas elecciones.

El antiguo líder del PAN, Gustavo Madero, afirmaba que los organismos electorales locales estaban controlados por los gobernadores y por eso se requería un Instituto Nacional Electoral, pero no le preocupaba que los consejeros del nuevo organismo hubieran sido seleccionados con cuotas de su misma clase partidista.

A inicios de año el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue dotado de características que le daban más autonomía, pero no lo demostró en septiembre. Los comisionados del rechazaron promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de algunos artículos de la reformada ley en la materia por violar el derecho a la privacidad, lo cual fue ampliamente criticado por organizaciones civiles.

Estos hechos desprestigian a las instituciones ciudadanas que defienden nuestros derechos. ¿Cuál es la estrategia que utiliza la clase política para mitigar o destruir el terreno ganado de la ciudadanía?

Primero, utilizan a diversos medios de comunicación para desprestigiar al organismo autónomo o a alguno(s) de su(s) miembro(s). 

Segundo, llegado el escarnio público, dividen a sus integrantes al interior; los que defienden la causa del organismo o su director, y los que callan o coinciden con las críticas. 

Tercero,  ya divididos, les recortan el presupuesto anual o buscan cualquier excusa para generar escándalos o noticias negativas al enemigo de moda que sea seleccionado.

Cuarto, sale(n) el/los miembro(s) que no responden al interés de la partidocracia. 

Quinto, ingresa(n) el/los nuevo(s) integrante(s) de rostro ciudadano, en el mejor de los casos, con intereses estrechos con la clase política.

Sexto, los medios de comunicación compara aplauden el cambio como benéfico para la sociedad.

Faltos de credibilidad moral, sin cohesión interna, sin dinero para cumplir sus responsabilidades, sin dientes para sancionar, infiltrado y sin peso político para enfrentarse a la clase política o a los medios de comunicación; ¿qué resta? El debilitamiento de instituciones comprometidas con los intereses ciudadanos, que quedan a merced de las fauces de la clase política.

En el caso de Raúl Plasencia más allá de los actores políticos hay voces ciudadanas y respetadas que han descalificado su actuación y el cambio se da en la coyuntura de un grupo en el poder que no le caería mal subirse a esa línea de discurso de evitar la reelección, como se encamina.

Con la salida del titular de la CNDH que es un hecho casi, todos los organismos autónomos fueron desarticulados en dos años desde la llegada del gobierno de Peña Nieto: IFE-INE, IFAI, organismos electorales locales y el IFT. Con la agenda mediática a favor, con acuerdos con partidos, pero a casi todos los removieron.

Los políticos que se dicen ciudadanos y el aparato institucional se vuelve negociable todo el tiempo, con el clientelismo versión organismos reguladores, es el rasgo central de captura en estas instituciones.

John M. Ackerman publicó en su libro "Organismos autónomos y democracia" que dichas instancias son creadas por gobiernos autoritarios, "presidencialistas-mayoritarios" o aquellos que funcionan basados en el clientelismo y que los utilizan como un medio superficial para aumentar su legitimidad sin transformar su comportamiento de fondo.

"Los que buscan mejorar la gobernabilidad no de deberían dejarse deslumbrar por el espejismo de los organismos autónomos sino fijar su mirada en la necesidad de perfeccionar las reglas de votación y las instituciones electorales", dice Ackerman.

El profesor e investigador de la UNAM cita a Erica Moreno quien afirma que estos organismos son un producto del descontento con el funcionamiento de la rendición de cuentas, y del mismo modo representan una forma de darle la vuelta al problema del déficit de rendición de cuentas sin resolverlo de raíz.

Aún con esas premisas hay casos a valorar como el papel realizado por Emilio Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante 8 años (del 2001 al 2009) en que logró darle autonomía al organismo además de generar un verdadero contrapeso contra los abusos de poder.

Por ejemplo la postura tan crítica de Álvarez Icaza en el caso News Divine que tambaleó el sistema de seguridad del DF por las inconsistencias en las averiguaciones de la procuraduría capitalina, entre otras múltiples fallas.

 

¿Qué hacer como sociedad civil para defender esos organismos ciudadanos? ¿Merecen ser satanizados todos los comisionados, cuando algunos de ellos son verdaderos especialistas que velan por la democracia pero cuentan con menos peso político que la vorágine partidista y mediática? ¿Qué debemos hacer para evitar que sigan sacudiéndolos, aunque cuenten, en su minoría, con ciudadanos capaces técnica y jurídicamente para conducirlos?