Por Alejandro Cárdenas López

 La complejidad de las actuales democracias requiere un enfoque plural para la calidad democrática, señala el académico Leonardo Morlino (2008), por ello Borde Político en el proyecto de “Observación de la calidad de la información y socialización en medios digitales de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la elección presidencial de 2018”, busca una visión ciudadana de la calidad de las sentencias y la socialización para fortalecer a dicha instancia vía el uso de tecnologías de la información y comunicación.
Vía un trabajo de rigor metodológico académico se analizará su argumentación y la forma en que comunican sus decisiones los magistrados vía sus canales institucionales. La observación será un análisis cualitativo y cuantitativo de sentencias relevantes de la Sala Superior del TEPJF desde las precampañas, campañas y proceso de impugnación de la elección presidencial del 2018, con énfasis en temas vinculados con publicidad y propaganda derivados de la Sala Regional Especializada.
Adicionalmente se analizarán sentencias del estado de Coahuila, debido a la alianza institucional realizada con la organización civil local PC29 Laguna que fue parte del grupos de ciudadanos que cuestionaron la decisión del TEPJF cuando desestimó los gastos de Facebook del candidato Miguel Riquelme, de la alianza liderada por el PRI, en las elecciones de 2017 en dicho estado.
También se realizará un seguimiento de la socialización en las cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter del TEPJF, de los magistrados y la información pública de oficio y los gastos en su sitio web.
Lo anterior como complemento ciudadano para darle visibilidad a las sentencias desde los medios digitales con base en la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 31, numeral V sobe la obligación de las instituciones de “coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia”.
También el proyecto evaluará y analizará el cumplimiento del principio de Máxima Publicidad establecido en la misma Ley en el artículo 8 numeral VI, que señala que “toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible”.
El proyecto además de fortalecer al Tribunal hace crecer a la sociedad civil, como dice Morlino (2008), a través de programas de educación, programas culturales, que estrechan la confianza recíproca entre ciudadanos, que trae igualmente entre sus consecuencias, la posibilidad de hacer crecer el compromiso civil de los propios ciudadanos con el funcionamiento de las instituciones.
El politólogo italiano añade que para mejorar la calidad de la democracia es necesario potenciar la esfera pública a través de una actividad informativa y de discusión sobre las cuestiones políticas de relevancia colectiva. Justo a través de los medios digitales, es posible potenciar ese espacio y la recuperación de la confianza en las instituciones, en este caso del TEPJF.
Como lo mencionó en el informe de labores 2016-2017 de la Magistrada Presidenta, Janine Otálora, que el Tribunal fortalecería la apertura institucional (justicia abierta) y se someterían “al escrutinio de la sociedad, cansada de corrupción y desconfianza, y pretendemos eliminar los obstáculos en el acceso a este derecho fundamental, garante de todos los demás derechos” (TEPJF, 2017).

 Antecedentes de la observación ciudadana
El TEPJF ha sido observado en otras ocasiones, a través del proyecto realizado por el Comité Conciudadano de Observación Electoral (CCOE) en el cual se enfocaron los esfuerzos para revisar la imparcialidad, independencia y la protección del interés público y ciudadano (Jusidman, 2012). Dicho proyecto es un precedente relevante que demuestra la importancia del seguimiento ciudadano a instancias electorales desde la lógica de los derechos fundamentales.
Como resultado de sus observaciones de la actuación del IFE y del TEPJF en el 2006 y 2012, el CCOE formuló una propuesta ciudadana de Reforma Electoral que fue utilizada como referencia para la reforma política del 2007-2008.
El CCOE se confirmó de una red de 22 organizaciones de la sociedad civil que concluyeron que las decisiones del TEPJF en 2009 no contribuían a generar confianza en la ciudadanía, pues se encontró en sus actuaciones una conducta errática, al aplicar criterios distintos para asuntos de naturaleza similar y un intervencionismo exagerado, oneroso e ineficiente que redundó en aumentar la carga de trabajo del IFE al devolverle asuntos que podrían resolver directamente (Jusidman, 2009).
Adicionalmente cuestionaron que el TEPJF en esas fechas de elecciones intermedias había estado exento de un escrutinio público mayor y la reciente reforma electoral aumentó su poder.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Proyect  2017-2018, México se encuentra en el lugar 92 de 113 países en ranking global y en Justicia Criminal en el lugar 105, es decir los ciudadanos tienen una cuestionable imagen de las instituciones de procuración de justicia y por lo tanto es muy importante acortar la brecha entre ciudadanos y tribunales y generar estrategias de comunicación y análisis de datos de las sentencias, desde una perspectiva ciudadana (Ponce, 2017).

Además de dicho documento, otros estudios muestran que la credibilidad en las instituciones electorales en México y América Latina ha bajado desde 2006 a la fecha, de acuerdo a sondeos del mismo TEPJF, Parametría y Latinoaberómetro, estudiosos que analizan a los organismos reguladores, especialmente los judiciales.
De acuerdo con los académicos Mikel Barreda y Leticia Ruiz, el desempeño efectivo de estos organismos no garantiza la existencia de elecciones legítimas y de calidad, pero su rol suele ser más visible en las democracias emergentes, debido a las frecuentes debilidades de la administración electoral y los elevados niveles de desconfianza existentes entre los actores políticos (Barreda y Rodríguez, 2013).


Fuente: Americas Barometer (LAPOP)
Los cambios en la confianza en los organismos electorales se miden por modificaciones y ajustes en el diseño institucional y por circunstancias específicas de cada país, y mencionaron el caso de México en 2006  y señalaron que la sentencia del TEPJF de validar los resultados originales despertó fuertes protestas entre los partidos de López Obrador. En este contexto, concluyeron que no era casual el descenso del nivel de confianza ciudadana en el TEPJF de un valor de 5 en 2006 a 4.4 en 2010 de acuerdo al Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos.
Otro referente es el 2016/17 Americas Barometer, un estudio significativo que muestra elementos relevantes de la calidad de la democracia y la confianza en las instituciones en el subcontinente. De los 21 países analizados México se encuentra entre los niveles más bajos de confianza en las elecciones con 26% (lugar 17), muy por debajo del promedio de 39% y de países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Sólo por encima de Haiti, Brasil y Colombia (Cohen, Lupu y Zechmeister, 2017).
Dicho estudio muestra que se cree más en las elecciones en países como Venezuela o Nicaragua que en México, países que durante las actuales campañas en nuestro país ha sido denostados como malos ejemplos de democracia.
La agencia Latinobarómetro (2015 y 2017) informó que del 2006 al 2017 la confianza en tribunales (como el TEPJF) y las instancias electorales (como el INE) perdieron confianza de manera significativa en América Latina. Mientras en 2006 alcanzaban un 51% de confianza, en 2017 alcanzan sólo 29%, el menor nivel registrado hasta la fecha. La corporación señaló que este dato es uno de los indicadores que muestra el deterioro de los procesos electorales en toda su magnitud.

Específicamente cuando la corporación preguntó sólo sobre la confianza en el Tribunal Electoral, la información con la que se cuenta es de 2006 con un 51%, en 2007 con un 40% y hasta 2010 con un 43%. Una disminución del 8% , pero no se cuenta con estudios más recientes.
Otro estudio relevante es la encuesta nacional de SigmaDos México, solicitada por el mismo TEPJF, donde analiza confianza en instituciones, y concluye que de noviembre de 2015 a 2016, bajó casi un punto porcentual la confianza en dicha instancia de 6.6 a 5.6, sólo superados por el INE, INAI y el Ejército. Aún así se encuentran en niveles de credibilidad más altos que la SCJN, la Fepade y el Senado (TEPJF, 2016).
Pero en cuanto conocimiento, el TEPJF es de las instituciones con más bajos porcentajes con 63% y los magistrados con 47%. En dicha encuesta, ante la pregunta sobre la cercanía de los magistrados con los ciudadanos, un 63% contestó nada o poco, y 61% respectivamente cuestiona su honestidad.
Esas evaluaciones aplican a los magistrados que dejaron su cargo en 2016 y aún no se cuenta con la más reciente de los que están actualmente en funciones, pero es un indicador importante.

 Del 2006 al 2018, momentos relevantes
Otro momento relevante de las elecciones fue en el 2006 la decisión de la polémica elección presidencial donde privó la crispación y el encono y ganó por un margen muy estrecho el panista Felipe Calderón, dividió la confianza de los ciudadanos sobre el TE.

De acuerdo con la agencia Parametría (2006), el 46% de los encuestados estuvo muy de acuerdo con el recuento parcial de los votos para declarar valida la elección presidencial. En contraste, el 48% hubiera preferido un recuento total.

Otro documento es el trabajo del académico Alejandro Díaz Domínguez, quien analizó al INE y al TEPJF sobre las razones por las que el Tribunal confirma o revoca las multas que impone el IFE (INE) a los partidos políticos mexicanos, como resultado de la revisión a sus ingresos y gastos de 1997 a 2010.
Entre sus principales conclusiones señala que aunque los magistrados confirman tres de cada cuatro multas, pero cuando revocan decisiones del INE se trata de temas visibles como gastos de campaña o cuando las élites políticamente relevantes son las que impugnan (Díaz, 2016).
Esta perspectiva coincide con el número 16 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas que se centra en “la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles” (ONU, 2015).
Nota: Quiero agradecer a Mariana Niembro y Ernesto Peralta por haber confiado en el devenir de este proyecto que sin duda fortalecerá, no sólo la democracia representativa y procedimental, sino a las nuevas formas de hace democracia vía la comunicación digital y la participación de usuarios en diversas plataformas.
*Profesor universitario y periodista. Coordinador del proyecto de Observación del TEPJF de Borde Político.
Texto Publicado en Borde Jurídico (Mayo 2018)
Referencias: