Por Alejandro Cárdenas López
Publicado en Semanario de Vanguardia
La propuesta de desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública para crear una fiscalía especial, “se queda corta” en comparación con lo que están haciendo otros estados en torno a sus sistemas de justicia.
Y es que a raíz de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, los estados tienen plazos específicos para aprobar esta reforma en sus congresos locales y contar con los mecanismos adecuados para implementarla, con ella vienen, entre otras cosas, los juicios orales y la garantía de inocencia al ciudadano hasta que se demuestre lo contrario. Además se incluye la figura de un “juez de control” que evaluará si el Ministerio Público realizó la investigación adecuadamente y siguió los procedimientos. El objetivo: obligar a las corporaciones a la profesionalización.
En Nuevo León, por ejemplo, a través de la organización internacional Iniciativa Pro-justicia de la Sociedad Abierta, se han venido realizando numerosos foros para promover reformas de avanzada que caminen a la par con la Reforma Constitucional. Chihuahua, Oaxaca y Morelos son también estados ejemplo donde ya se están llevando a cabo los juicios orales y se están armonizando las leyes.
En cambio en Coahuila se discute una iniciativa que contradice la tendencia nacional. A decir de especialistas, la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública requiere de un gran esfuerzo de los estados para su aplicación, ya que de no ser así, se corren riesgos muy altos de que el sistema de justicia se venga abajo.
De acuerdo al Diario de Debates, la discusión en el Congreso Local ha sido nula, ni un solo foro. Además, del total de diputados sólo cuatro han declarado en tribuna sobre el tema, lo cual podría representar falta de interés o desconocimiento.
Por otra parte, Jesús Torres Charles, procurador de Justicia de Coahuila, fue acusado por diputados de oposición y por abogados de Saltillo, de realizar en el interior del estado “foros en lo oscurito” con empresarios, universidades y legistas.
En la mayoría de estos eventos no hubo invitación abierta y no se han entregado las propuestas de los resultados al Congreso Local, y en general la iniciativa no ha sufrido cambios.
Semanario envió esta iniciativa para su estudio a la especialista en seguridad ciudadana, Margarita Castilla Peón, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones civiles más serias del país, especializadas en transparencia, seguridad y justicia. Aquí el análisis contundente junto con la visión de abogados locales. “¿Por qué crear una fiscalía que parece más bien de bajo perfil ante el reto que impone la reforma a nivel nacional?” se pregunta la experta.
La Fiscalía General del Estado podría ser aprobada en el Congreso del Estado esta semana.
“Esta propuesta no abona a las leyes existentes. La concentración y monopolio de las funciones pareciera que no contribuye a que halla equilibrios de poder y transparencia de los recursos, pues expresa se pensaría en que estas propuestas fueran en el sentido de transparentar procedimientos, funciones, cuestiones de relación de poder entre autoridades, pero no propone mecanismos más allá que eso.
“Esta fiscalía está coja de mecanismos de control. Me parece que es una propuesta que busca compensar esas imposiciones que vienen de la federación, me podría parecer una estrategia, sin embargo, si es así, es una estrategia que queda coja en competir, es más bien la necesidad de concentrar poderes, con ese escenario de que en muchos estados ha sido difícil lidiar con la PFP y la ministerial”.
OMNIPOTENCIA
La tendencia a nivel nacional en cuanto a los períodos de dirección en puestos de Seguridad Pública está orientada más bien a reducir los tiempos. Ante la propuesta de que la cabeza de la fiscalía (Jesús Torres Charles) permanezca en su cargo ocho años con opción a extenderse hasta 16 años, de acuerdo al artículo 111, explica:
“Es algo que se lee difícil, afianzar la fortaleza de un funcionario público de esa naturaleza se lee extraño cuando esa continuidad no se procura para otro tipo de puestos.
“El tema de la continuidad es un problema no sólo para seguridad pública sino también para los ayuntamientos, pero ¿porqué no hacerlo así?, pues porque de pronto es como concentrar mucho el poder en una función que no tiene mecanismos de control. Si se concentra le tendría que corresponder un contrapeso importante de rendición de cuentas, los controles que propone la fiscalía en cuanto a confianza, profesionalización, transparencia, insisto, no ponen ningún otro contrapeso con la ciudadanía, no son distintos a los que ya están planteados”.
Francisco Robledo, expresidente del Foro de Abogados de Saltillo, coincide con que el otorgamiento facultativo en la figura del Procurador del Estado cae en un autoritarismo.
“Seria un superman, más fuerte y poderoso que un Gobernador, la misma gente que estaba en la Procuraduría General del Estado comentó que no era conveniente crearla”.
Ahondó que en ese contexto propone crear una Secretaría de Justicia, donde se tengan áreas específicas para atender las funciones que tendría el Fiscal General, ya que el procurador no sólo será representante de la institución del Ministerio Público, sino será también consejero del Gobernador, representante de los menores en los juicios familiares, representante del Estado en sus sesiones, representante en sociedades mercantiles y tiene múltiples facetas que se apartan de su función constitucional.
“El fiscal especial se considera omnipotente, como tiene el poder y aparte la economía y la fuerza del Estado, habrá un momento en el que harán las leyes a su antojo, sin tomar en cuenta a los profesionales en la materia, y menos a la sociedad en general”, así lo declaró en días pasados, Rogelio Guerrero Guzmán del Foro de Abogados.
POCA PROFESIONALIZACIÓN
La especialista explica que respecto a la profesionalización de los cuerpos policíacos, la reforma federal establece un control muy claro que obliga a las entidades a elevar el sistema de justicia: la figura de un juez de control que buscará en todo momento corroborar que los agentes sigan los procedimientos que marca la ley y agoten todas las líneas de investigación.
La iniciativa que se discute en Coahuila no contempla esta figura. Castilla detalla que con esta omisión la Fiscalía no resuelve la cuestión histórica sobre la falta de capacidad de investigación de la Policía Ministerial y pareciera que los esfuerzos se centran en cuestiones institucionales y administrativas.
Cabe señalar que el decreto coahuilense contempla una figura llamada “juez de conocimiento” que se menciona dos ocasiones en el apartado de Ministerio Público y no se detalla su jerarquía ni el método de asignación.
Por otra parte, el abogado saltillense Francisco Robledo, explica que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, realizó un curso en Saltillo con una duración de una semana, que se impartió a los agentes del Ministerio Público del fuero común y federal, y que ahí les dijeron cuáles podían ser los modelos de los juicios orales a implementarse. Se les detalló que debe existir un juez de garantías quien obligaría al Ministerio Público a actuar dentro de las obligaciones que marca la ley.
MÁS FACULTADES A LOS PREVENTIVOS
La propuesta enviada al Congreso Local le da más facultades de investigación a la Policía Preventiva, situación que la experta Margarita Castilla recomienda analizar detenidamente.
“Qué es lo que pasa cuando se le dan las facultades a cuerpos que no están capacitados para ello, se vuelve un poco como un peligro, darle un arma a quien no la sabe usar”.
Explica que el problema en sí no está en las funciones, sino en la capacitación de los cuerpos policíacos, “cómo realmente se van a integrar al nuevo sistema de justicia penal? Porque ahora sí tendrán que armar un expediente con una investigación profesional y tendrán que defenderla”.
Es el peor de los errores que pueda haber, señala Francisco Robledo, ya que dice que la Policía Preventiva no tiene ni la capacidad, ni preparación ni el perfil idóneo para investigar. Y que únicamente son receptores de huellas, indicios y vestigios que la gente les trasmite, mas no tienen ninguna capacitación para ser investigadores.
El decreto que está por aprobarse detalla que la policía será auxiliar del Ministerio Público pero la interrogante de Robledo es: “¿Quién se encargará ahora de las labores de prevención si todas las policías van a dedicarse a investigar?”
“Se están olvidando de quién va a prevenir, se les olvida que la Secretaría de Seguridad Pública era la que debía dar una norma de las acciones de todo el Estado para prevenir, y si no sabían hacerlo menos van a poder investigar”.
FUSIONAR O NO FUSIONAR
Sobre ello la investigadora afirma que la razón por la que deben estar separadas la SSP y la PGJE es porque a una le corresponden labores de prevención y a otra de investigación.
A nivel federal, hubo una propuesta de Vicente
Fox en 2004 y otra de Felipe Calderón en 2007, donde también se habló de la unificación de policías, ante ello diputados del país, han señalado después de casi cinco años, que es apresurado unificar las corporaciones policíacas.
Por ejemplo, el Diputado federal del PRI, Gerardo Vargas Landeros, el pasado dos de febrero, dijo a medios nacionales que la fusión es una medida que podría estancar la actividad del combate a la delincuencia organizada y generar mayor descontrol de inseguridad.
“Quieren unificar a la Policía Federal, Policía de Migración y a la Policía de Aduanas que al final de cuentas cumple como parte investigadora y policial. Lo que estamos considerando en el PRI y en la Comisión de Seguridad Pública es que a como lo están proponiendo, es que vaya a ser muy difícil operar, tenemos la experiencia de otros países que no han logrado hacerlo”, precisó.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados sostuvo que uno de los motivos importantes para evitar la fusión de las corporaciones policíacas en el país, es la capacitación especial que recibe cada elemento en el área que le corresponde.
“Se está viendo cómo se van a poder articular esa cooperación entre las corporaciones policíacas, porque es muy diferente la preparación que tiene cada policía, la de la Policía Federal Preventiva o de la Procuraduría General de la República...” explicó Vargas Landeros.
SEGURIDAD VITALICIA
La nueva fiscalía plantea además en el artículo 186 lo siguiente: “El estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos de seguridad pública y procuración de justicia”.
En el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales del pasado 10 de febrero, no se modificó sustancialmente la iniciativa y los panistas se pronuciaron en contra:
“Por qué carajo tenemos que seguir pagando los coahuilenses ad perpetuam la seguridad de quien haya sido Gobernador, que se les esté protegiendo hasta la consumación de los siglos no estoy de acuerdo, es una burla y lo hacen porque tienen mayoría”, expresó Esther Quintana, diputada blanquiazul.
CUATRO cosas que pensar antes de aprobar…
Margarita Castilla Peón hizo tres recomendaciones al Congreso del Estado para reflexionar antes de dar el voto final.
-”La Reforma Constitucional no establece la concentración de poderes como lo hace la Fiscalía, sino promueve la especialización y la profesionalización. La capacitación de estos cuerpos policíacos en una nueva cultura de actuación policial con el principio de inocencia, cuestiones garantistas que no se leen en esta propuesta”.
-”La reforma insiste mucho en procurar el equilibrio en las instancias del poder ejecutivo y esta propuesta más allá de abonar en todo el sistema de justicia lo que hace es reforzar y concentrar el poder”.
-”En la medida en que se busca reforzar, hacer más garantista, abierto al público, transparente, un proceso penal, se busca también cuidar a la ciudadanía que se enfrenta a un proceso y la concentración de estos poderes no cuida esos principios, porque no ofrece mecanismos de control a una instancia que concentrará mucho poder, ¿qué es lo que compensa esta nueva fiscalía que además tendrá un voto preferencial a otras instituciones del gobierno?
-”No se retoma el aprendizaje de cómo se ha ido implementando este tipo de reformas en otros estados”.
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