El proyecto de Constitución Política de la Ciudad en materia de acceso a internet es confuso y sobrio, aunque relevante, dado que incluye el derecho a la red y de forma progresiva, pero no se enmarca en la conectividad libre y gratuita, para una ciudad con 63% de disponibilidad de internet, la más alta del país, de acuerdo con las cifras del INEGI.
¿Por qué en la redacción del borrador México presentado por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno y aspirante a la Presidencia, no se menciona internet libre y gratuito? Es un avance garantizar el derecho de acceso a internet de forma progresiva, pero no suficiente.
¿Qué papel juegan las empresas proveedores, los legisladores y los funcionarios públicos en este entramado que no apunta hacia reducción de costos, el derecho a la información, libertad de expresión, ni posibilidades de uso para motivos políticos y sociales?
Aunque en otras áreas el proyecto es considerado de avanzada, una redacción más enfocada a internet libre y gratuito desde el proyecto podría haber marcado una pauta más dirigida para la legislación consecuente. Pero aún estamos a tiempo.
En el Artículo 13 del proyecto de Mancera, el apartado sobre educación y conocimiento dice: Las autoridades garantizarán el derecho de acceso a internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad. Promoverán el uso de medios digitales y tecnologías de la información.
El debate se centra en cómo garantizar la gratuidad en un mundo donde el internet se desarrolló desde lo privado. Me refiero a que las empresas que controlan parte del acceso al servicio y los entramados de la conectividad son en su mayoría no públicos, aunque reguladas.
Y es importante destacar el trabajo en defensa de la calidad y democratización de dentro de esta dinámica organizaciones sociales como The Internet Society y The Internet Engineering Task Force, con expertos en la materia.
Es decir, existen organizaciones internacionales y locales que determinan su estructura y funcionamiento, y por supuesto, ellos pueden controlar la calidad y el nivel de acceso.
Ahí es donde el tema de la protesta tiene que ver, cuando desde la misma red o en las calles, un usuario puede hacer uso de esas herramientas para manifestar su postura política, porque con poco o sin acceso a internet estas manifestaciones pueden ser menos efectivas.
Un botón de muestra es lo que sucedió en Edmonton (el norte de Londres) donde decenas de miles de jóvenes protestaron contra el alza de precios y el abuso policial en agosto del 2011, organizados vía la red celular del sistema privado BlackBerry Messenger. La multitud fue tan grande que sobrepasaron la capacidad de la policía británica para contenerlos y se generaron destrozos y afectaciones graves a comercios.
Pero el gobierno se preparó para que no volviera a suceder y para ello la empresa que producía esa marca en aquellos tiempos, Research in Motion, colaboró con la policía para dar información sobre los organizadores de la protesta. Es decir, a las empresas privadas deben de cooperar por ley con los gobiernos locales y las escandalosas revelaciones de Edward Snowden sobre la hipervigilancia masiva son el mejor ejemplo.
Sus mensajes, dejaron de ser privados, cuando, como masas, el uso de esos teléfonos, herramientas de rebeldía, afectaron el orden público y ya no eran tan maravillosas esas herramientas para el gobierno. Después de eso, el gobierno local ya controla los mensajes que se mandan en diversas redes e identifican posibles cotos de organización.
Internet, como medio de información, desde sus orígenes es considerado como parte de los estudios de democratización y numerosos casos sobre sus impactos en la comunicación política se difunden a diario. ¿Por qué entonces se le da tan poca importancia a su posibilidad de efectos en las demandas ciudadanas?
El ártico legislativo
El senador Armando Ríos Piter del PRD presentó en marzo de 2013 una iniciativa ciudadana con el colectivo Internet para Todos, formado por 17 organizaciones civiles que proponían al Estado la garantía y suministro del acceso libre y gratuito a internet para todos los mexicanos.
Pero esa iniciativa presentada por Ana Paula Migoya Velázquez, Oscar Alberto Mondragón e Hilda Ruíz Estrada donde se entregaron más de 120 mil firmas, fue congelada por los senadores de varios partidos políticos (incluidos los mismos del partido de Ríos Piter).
En 2013 el Senado la recibió y la dejaron en la congeladora, mientras meses después aprobaban las leyes secundarias donde supuestamente contemplarían dicha petición o iniciativa.
Después de 3 años, el 30 de marzo de 2016 fue desechada la iniciativa con la justificación de que se había incluido “una parte relevante” en la reforma Constitucional de junio de 2013. Y su argumento para desecharlo fue: El planteamiento de la iniciativa que nos ocupa fue una parte relevante de las deliberaciones de este Senado de la República.
En la reforma a la Constitución de ese mismo año, el párrafo donde se garantiza el acceso a la banda ancha y a internet como parte de los derechos humanos de los mexicanos, pero tampoco se menciona consistentemente el internet libre y gratuito.
¿En verdad fue relevante? ¿Deliberar es discutir sólo en la comisiones y no en el pleno? Es decir, lo que le dijeron a la sociedad y los firmantes, palabras más, palabras menos fue: Congelo tu iniciativa para no pasarla completa, la tomo en cuenta en lo mínimo para la reforma de 2013 y tres años después justifico por qué no pasa. Así suena la retórica del dictamen: el propósito de normatividad de rango constitucional planteado (…) se alcanzó plenamente.
¿En verdad fue discutida plenamente? Lo sorprendente es que el dictamen de los senadores, argumenta y considera que sí se logró un párrafo de la iniciativa en el Artículo Sexto, numeral II que dice: Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia.
Pero omiten claramente “acceso libre y gratuito”, ni son precisos en dar garantías sobre neutralidad en la red (aunque sí se habla del tema), metas anuales y acceso pleno al servicio público, ni conexión a internet a través de la red pública de telecomunicaciones, una de las partes centrales de la iniciativa ciudadana. Ojalá en la Asamblea Constituyente se recuperen estas valiosas consideraciones.
Después de su aprobación, Jesús Robles Maloof, miembro del Colectivo Internet libre, cuestionó que la iniciativa de Peña no establece esquemas de gratuidad para aquellas personas que menos tienen y deja al arbitrio de las autoridades establecer sitios públicos con internet. “Cuando pedíamos esquemas de internet para sectores vulnerables, nos tacharon de populistas. Peña Nieto busca ahora regalar 14 millones de televisores digitales que estarán controlados por Sedesol”, publicó el académico.
Después de conocer el dictamen de las leyes secundarias, Robles Maloof consideró “violados” sus los derechos y los de los ciudadanos que firmaron la iniciativa. “La legislación indica que es obligación de los legisladores tomarla en cuenta”, dijo.
Continúa mañana…
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